El proceso electoral en la Cámara de Comercio se complica por momentos. La Junta Electoral se reunió ayer por la mañana para analizar el desarrollo de los comicios que cubrirán los tres asientos que permanecen vacíos en el pleno de la corporación y analizar el escrito de denuncia presentado por el vicepresidente, Gregorio García, y el vocal Manuel Fuentes por posibles delitos electorales de dos de los candidatos, afines a la actual presidencia de la Cámara.

Y ya desde el primer momento quedó claro que el clima está más que enrarecido. Tres de los miembros de la Junta Electoral -cuya composición es la misma que la del Comité Ejecutivo- no acudieron ayer al encuentro. Gregorio García, Manuel Fuente y Antonio Cruz decidieron inhibirse del proceso, tal y como solicitaron oficialmente a todos los miembros de la Junta Electoral, al entender que hay "intereses" ocultos y que es mejor dejar en manos de la Dirección de Comercio de la Consejería de Empleo, Empresa y Comercio la resolución del conflicto. De hecho, ya hace unas semanas García y Fuentes presentaron ante la Junta de Andalucía un escrito de denuncia de las posibles infracciones e irregularidades, que pasarían, según los vocales, por la utilización del censo electoral y la petición del voto por dos empresarios antes de ser proclamados candidatos. En principio y a la espera de cómo se desarrollen los acontecimientos, desde la Delegación de Empleo y Comercio -que ayer estuvo presente con voz pero sin voto en la Junta Electoral- aseguraron que la Consejería es tutelante, "pero que no tiene competencias en este tipo de actos electorales" y se rige por el principio de "mínima intervención".

Ayer todas las miradas estaban puestas en la Junta Electoral, pero de sus decisiones trascendió poco, o nada. A pesar de que en un comunicado oficial la Cámara aseguró hace unas semanas que sería la Junta Electoral la que informaría de los acuerdos adoptados, finalmente tras el encuentro, que se celebró a las 13:00 horas, no se quiso hacer ninguna declaración ni oficial ni oficiosa, asegurando que la Junta se pronunciaría en breve. Este 'secretismo' sobre la decisión adoptada en relación a la reclamación por presuntas irregularidades no fue bien recibido por parte de los vocales críticos con la gestión del presidente, Gerardo Cuerva, que no entienden que se oculten acuerdos que deben ser públicos, según apuntaron fuentes cercanas a la institución. De hecho, vocales del pleno de la Cámara consultados por este periódico denunciaron que ayer se negó la entrega del acta oficial del encuentro a uno de los miembros de la Junta Electoral que ha decidido inhibirse en el proceso, pese a que "son públicas y deben colocarse en el tablón de anuncios".

Aunque no se conociera el resultado final del encuentro, entre los vocales críticos con la gestión del presidente se daba ayer por hecho que la actual dirección de la Cámara tiraría de su mayoría en la Junta Electoral y desestimaría la denuncia para seguir adelante con el proceso. Contra los acuerdos dictados por la Junta Electoral se podrá interponer recurso de alzada ante la persona titular de la Consejería.

Pese a no ser oficial, fuentes cercanas a la actual presidencia de la Cámara aseguraron que se afrontó el encuentro con total "tranquilidad", entre otras cosas porque la denuncia por el uso del censo electoral carece a su juicio de fundamento, ya que estos documentos son públicos y pueden ser consultados por cualquier candidato.