Andalucía, aunque no lo parezca por el envejecimiento de la población, es una de las comunidades autónomas más jóvenes de toda Europa, con 1.600.000 vecinos de entre 14 y 30 años, lo que supone un 20% de la población. En Granada, hay más de 180.000 jóvenes, un 20,1% del total de población. Y este colectivo ha visto en los últimos años cómo ha cambiado, con la crisis y el cambio de modelo, todo su entorno e incluso sus posibilidades de futuro, pasando a ser una generación con todas las posibilidades a una que tiene ya el riesgo de vivir peor que la generación que la precede, es decir, que sus propios padres.

La Junta de Andalucía prepara desde el año pasado la primera Ley de Juventud de la comunidad, una norma que servirá para recoger los derechos de la población en este rango de edad y todas las políticas y medidas que les afecten. Una necesidad fundamentalmente social una vez comprobado que la población joven de hoy en día se ha convertido en muchos aspectos en población de riesgo con dos problemas acuciantes: el empleo y el acceso a una vivienda. Derechos constitucionales que la nueva ley andaluza quiere garantizar y proteger, además de todo lo relacionado con la participación o el asociacionismo, entre otras cuestiones. El objetivo final de la ley será, por tanto, "el desarrollo de un proyecto vital personal y autónomo de cada persona joven andaluza, poniendo especial énfasis en la obtención de un empleo estable, de calidad y no deslocalizable, facilitar el acceso a una vivienda digna y garantizar el máximo potencial de desarrollo de las capacidades individuales de los individuos a través de un sistema público de Educación".

Y es que Andalucía no contaba con una ley de juventud sino que se iba funcionando con planes integrales. En el texto se comenzó a trabajar el año pasado (han participado 633 personas en los diferentes procesos de consulta, estudio y debate del borrador) y se espera que entre en el Parlamento para su debate en marzo de 2016. Ahora, el borrador tiene que pasar por el Consejo Económico y Social, el Consultivo y aprobarla el Consejo de Gobierno.

En la propia exposición de motivos de la ley se recoge que "la situación de crisis en la que se encuentra sumida la sociedad española está afectando de manera especial a la juventud". Según el informe del IAJ y el Centro de Estudios Andaluces de 2011, el principal problema de la juventud es el desempleo. De hecho, la dificultad en el acceso al empleo convierte a la juventud en uno de los colectivos más vulnerables de la sociedad. Y aunque ha habido políticas de juventud específicas (Bono de Empleo Joven, subvenciones...) se necesitaba un texto único para 'blindar' por ley la formación, el empleo y la garantía de oportunidades para los jóvenes andaluces, y abordarlo todo de forma integral y transversal.

En virtud de esta ley se elaborará un Plan Integral de Juventud (revisable, al menos, cada cuatro años, e impulsado y coordinado por el Instituto Andaluz de la Juventud) que servirá para hacer una radiografía del colectivo, detectar al detalle sus necesidades y aplicar con planes específicos las órdenes de protección y garantía que se incluyen en el texto de la ley, que cuenta con 118 artículos agrupados en seis títulos. El último plan venció en 2014.

Los beneficiados por la ley serán los considerados oficialmente jóvenes, que es la población entre 14 y 30 años, aunque para algunas políticas y planes se contempla una ampliación de la edad hasta los 35 e incluso hasta los 39 años. Porque hay programas, como los de empleo o vivienda, que están más condicionados por la realidad social y económica que por la estrictamente biológica.

En cuanto al empleo, la ley garantizará que la Junta promueva políticas activas que favorezcan el empleo juvenil, con los siguientes objetivos: mejorar la empleabilidad de la juventud; incidir en la formación, asesoramiento, orientación y experiencias prácticas; ampliar las posibilidades de integración en el mercado laboral e impulsar la actitud emprendedora. Así, se desarrollarán políticas con especial atención al acceso al primer empleo de los jóvenes sin experiencia laboral previa, en especial los más vulnerables, víctimas de violencia de género, discapacitados, inmigrantes o personas en exclusión social. También se buscará la estabilidad en el empleo, la lucha contra la precariedad laboral y la equiparación salarial de los jóvenes. La prevención de la discriminación por sexo y de riesgo laborales, acoso o desprotección, también será objeto de las nuevas políticas una vez aprobada la ley, que también insiste en la divulgación de todos los recursos para que haya igualdad de oportunidades de acceso. El emprendimiento y el autoempleo serán también otras opciones de integración laboral poniendo en marcha proyectos para este fin.

La juventud tendrá la consideración de "colectivo prioritario de acción social en materia laboral cuando la tasa de desempleo de jóvenes en Andalucía supere la tasa media de desempleo juvenil de la Unión Europea", momento en el que se podrán tomar medidas excepcionales en material de empleo.

También se incluye un plan de retorno a Andalucía de los jóvenes que se haya visto forzados a emigrar por razones socioeconómicas.

Respecto a la vivienda, el otro punto fuerte de garantía de derechos de la futura ley, el texto incluye el objetivo de facilitar el acceso a una vivienda digna y asequible a los jóvenes según sus posibilidades económicas. Para eso, entre otros, se valorará la edad dentro de los registros públicos municipales de demandantes de vivienda.

Medidas que se sumarán al fomento de la participación juvenil, el asociacionismo, la creatividad, el voluntariado o las acciones formativas para hacer de la juventud de ahora una generación de futuro con posibilidades.