La intervención de ayer del vicepresidente de la Junta y consejero de Presidencia y Administración Local, Manuel Jiménez Barrio, comenzó con un guiño al alcalde de Granada. "Es una satisfacción encontrar a un alcalde joven, que tiene una gran ilusión, que le pone esfuerzo y que tiene como hilo conductor la cooperación y la lealtad institucional", dijo, para acto seguido reseñar de Cuenca su "capacidad de ideas y sus ganas de trabajar por la ciudad".

Este apoyo explícito venía a hacer pública la confianza que la Junta de Andalucía tiene en el alcalde de Granada después de que el pasado lunes se conociera que el juez de refuerzo del Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla, José Ignacio Vilaplana, ha citado a declarar como investigadas a diez personas, entre ellas el alcalde de Granada, dentro de una investigación abierta en 2013 sobre la adjudicación por parte de la Junta de contratos privados a particulares para que inspeccionaran cursos de formación de Economía Social.

El vicepresidente lo quiso explicar de otra forma. "Para que todo el mundo entienda de lo que estamos hablando: la investigación se centra en un contrato menor de 12.000 euros al año que se realizó en dos ocasiones siguiendo las directrices de la Consejería de Innovación en todas las provincias", explicó Jiménez Barrio, quien hizo hincapié en el hecho de que la denuncia partiera del sindicato de funcionarios.

En este sentido, el responsable de la Junta confió en que la investigación judicial sea archivada, al igual que ha ocurrido en otras provincias andaluzas afectando a un tema que "debería estar en el Contencioso-Administrativo, no en lo Penal". "Hay una denuncia de un sindicato que dice que no era lo correcto encargarle a una empresa externa unos trabajos que tenían que ser competencia de los funcionarios", añadió.

Pero fue más allá "A mí lo que me extraña mucho es que hablando de un contrato menor de 12.000 euros fiscalizados por la intervención y por la asesoría jurídica, este asunto haya abierto el telediario de la primera cadena. Esa difusión nacional tenía una intención y es de estado", apuntó el vicepresidente.

Por su parte, el vicepresidente provincial del PP, Juan Antonio Fuentes, explicó ayer que las diligencias penales detallan conductas solo calificables como corrupción política y de alto nivel por lo que recalcó que no se trata de "cuestiones administrativas", como apunta el alcalde.