La Fiscalía Superior de Andalucía pidió ayer una nueva regulación penal en los delitos relacionados con el deterioro del patrimonio histórico porque en estos momentos hay una cierta impunidad en esta materia. La preocupación, compartida con el Defensor del Pueblo Andaluz, afecta sobre todo al expolio de yacimientos arqueológicos, que no está penado como tal.

En general, tanto el Ministerio Público como la oficina del Defensor, reunidos ayer en Granada, expresaron su misma preocupación por la pasividad que en muchas ocasiones manifiestan las administraciones públicas. La Fiscalía puso ayer el acento sobre el caso de Baza, localidad que tiene un casco histórico plagado de elementos de patrimonio histórico que al parecer no se están conservando convenientemente. A las manos de estos fiscales ha llegado un elevado número de denuncias y referencias con testimonio visual sobre el deterioro que están sufriendo los edificios que deberían estar conservados por su valor histórico.

El problema legal que encuentran los fiscales de Medio Ambiente, según sus propia exposición, es que en estos momentos los tipos penales en materia de patrimonio histórico implican unas multas que están incluso por debajo de las de tipo administrativo.

En las quintas jornadas anuales de trabajo entre la oficina del Defensor del Pueblo Andaluz y al red de fiscales medioambientales se han pusieron ayer encima de la mesa varios temas que preocupan a ambas partes. Además del patrimonio histórico, está el tema de la ordenación del territorio.

Pese a todo lo recorrido ya, el Defensor del Pueblo, José Chamizo, destacó la persistencia de las construcciones ilegales sobre terrenos no urbanizables. En el comunicado conjunto, ambas partes explican que "persiste cierta sensación de impunidad" y le recordaron a los responsables municipales su deber de poner estos asuntos en conocimiento de la Fiscalía. En este sentido, la inacción está castigada penalmente.

En materia medioambiental pusieron el acento en las captaciones ilegales de agua, en especial las subterráneas. "Están poniendo en riesgo la pervivencia de nuestros acuíferos", declaró José Chamizo.

El Defensor expuso su temor de que la crisis lleve a las administraciones competentes a relajar los controles y las condiciones exigidas para autorizar ciertas actividades que implican peligro medioambiental. También han puesto sobre la mesa las dos partes la necesidad de luchar contra la contaminación acústica por los "efectos perversos" sobre la población.