El empresario denunciado por un presunto intento de extorsión al alcalde de Otura, Ignacio Fernández-Sanz (PP), aseguró ayer que presentó en la Fiscalía del TSJA una denuncia contra el regidor al considerar que no se ajusta a la legalidad su decisión de dar luz verde a la urbanización de 50 viviendas unifamiliares que promueve en las inmediaciones del cortijo de la luz, sin que se hayan subsanado por parte de la constructora "múltiples defectos".

El promotor de esos chalés, el empresario de Puertas Melero, José Puertas Laguna, al que el alcalde acusa de haberle intentado sobornar con 3 millones de euros a cambio de no recepcionar la urbanización donde dispone las viviendas, contraataca con una denuncia que incluye los mismos argumentos que en el recurso de reposición que presentó a finales de diciembre en el Ayuntamiento al objeto de anular la decisión del alcalde de recepcionar el 20 de noviembre la urbanización Las Alondras -a petición de la constructora Alcuba SA-, "sin estar terminadas y subsanadas las numerosas deficiencias".

En dicho recurso, que sirve de base a su denuncia, el promotor enumera una serie de incumplimientos por parte de la constructora referidos a los plazos de entrega de las viviendas, no ajustarse éstas a la altura de los planos, así como múltiples deficiencias que afectan a la red de abastecimiento de agua, la de saneamiento, el alumbrado, la red de gas, los pavimentos, la telefonía e incluso los suelos de cesión al municipio.

También aporta informes del secretario y de los propios técnicos del área de Urbanismo del Ayuntamiento, a los que ha tenido acceso este diario -uno de ellos realizado seis días antes de dar el visto bueno a la urbanización-, en el que constatan que las obras "se han realizado sin apenas ningún control municipal", además de reflejar numerosas deficiencias, por las que "no procede la recepción de las obras solicitada [por la constructora Alcuba]". La decisión del alcalde permitió a la constructora recuperar el aval de 3 millones de euros que caducaba a principios de enero y con el que se pretendía hacer frente a posibles indemnizaciones derivadas del retraso en la ejecución de las obras.

El promotor Puertas Melero, que no quiere que los futuros compradores le exijan daños y perjuicios, censura al alcalde por su conducta "obstruccionista, parcial, arbitraria y alejada de los más elementales principios de equidad y buena fe". Dicho empresario entiende que "se ha discriminado a Puertas Melero y se ha favorecido a Mantenimientos y Construcciones Alcuba SA", y se ha hecho "de manera intencionada, consciente y deliberada".

El promotor, a su vez, presentó con anterioridad una demanda contra la constructora por supuesto incumplimiento en la entrega de las casas y por las diferencias a la hora de ejecutar el aval. La decisión de Puertas Melero se produce un día después de que el alcalde denunciara en los juzgados al empresario por "ofrecerme 3 millones si no le daba a la constructora las licencias de primera ocupación de 46 viviendas que quedaban pendientes y si no recepcionaba la urbanización".