El documento es muy exhaustivo y extenso. No en vano, cuatro expertos han estado trabajando en el texto desde el mes de enero. El resultado es la demanda contencioso administrativa de 109 páginas que ayer presentó el Grupo 17 de Marzo ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) contra la Ordenanza de la Convivencia.

La asociación andaluza de juristas solicita en el escrito la nulidad de toda la normativa por "vulnerar varios principios y garantías constitucionales". Y es que, según sostiene, la ordenanza vulnera derechos fundamentales de los ciudadanos, entre ellos el de reunión, manifestación o libertad de expresión.

"Con esta ordenanza se ha acabado con una tradición garantista del derecho administrativo; a partir de ahora será la Policía municipal de Granada la que determine, en muchos casos, cuál es el comportamiento prohibido o permitido, lo que generará en la ciudadanía una gran inseguridad jurídica, al no conocer con exactitud qué comportamientos están permitidos", valora.

De esta forma, el grupo considera que la normativa "va más allá de la propia ley general y sectorial" al tipificar infracciones que "en muchos casos quedan fuera de su competencia" y sancionar a veces "más gravemente que la ley", lo que, según recuerda, está prohibido en el derecho español.

Además, solicita de forma subsidaria la nulidad de varios capítulos de la ordenanza -aprobada con los votos del equipo de gobierno local y el grupo municipal socialista- por si el alto tribunal andaluz no contemplara la nulidad total: "Siguiendo el ejemplo de lo que hemos visto en casos similares que han llegado a otros tribunales superiores, creemos que sería sencillo anular algunas partes, si bien jurídicamente hay argumentos para la nulidad total", explica el abogado Luis de los Santos.

Así, en caso de desestimarse el recurso, se ha solicitado al tribunal la nulidad de varios comportamientos sancionados, como el de prestar fianza para manifestarse, regular la prostitución en la calle, la mendicidad y el comercio ambulante no autorizado y la posibilidad de que los padres paguen las multas de sus hijos. También piden la anulación de otros comportamientos regulados, como la colocación de carteles y pancartas en lugares públicos y privados, la discrecionalidad policial, la prohibición de juegos, las medidas cautelares contra ciudadanos extranjeros y las cuantía desproporcionadas de algunas multas.

Por otra parte, el grupo de juristas ha planteado al TSJA una Cuestión de Constitucionalidad para que sea elevada en relación a la Ley 7/2006 (ley antibotellón), ya que, bajo su punto de vista, "esta normativa vulnera el principio o garantía de que cada persona es responsable de su pena, no debiendo imputarse a los padres la sanción por dichas multas, tal como sucede con la responsabilidad civil". Por último, los juristas animan a la ciudadanía a denunciar las vulneraciones de derechos que puedan dar lugar a la hora de aplicar la norma.