La política educativa que ha seguido la Junta de Andalucía en la última década ha apostado claramente por la enseñanza concertada. Tal y como demuestran sus propias estadísticas, entre 2000 y 2010, en las ocho provincias se ha registrado un incremento espectacular de la concertación de colegios privados, al tiempo que ha descendido la oferta privada. Ahora, con un 79% de centros públicos y un 18% concertados, la Administración autonómica está trabajando en una normativa que transforma para todos ellos uno de los procesos más delicados y conflictivos de la enseñanza: la escolarización.

En los últimos diez años, provincias como Granada han pasado de tener 269 colegios públicos, 72 privados y 5 concertados a 265 públicos, 61 concertados y 18 privados. La estrategia de la Administración para ampliar su oferta pública ha sido la de apostar claramente por la concertación: aprovechar la existencia de centros privados ubicados en zonas estratégicas con una dotación de personal e instalaciones privilegiadas para hacer públicas las plazas a un coste mucho menor de lo que supondría construir centros nuevos. Además, de esta forma extiende el servicio público educativo a numerosos barrios donde sólo existían centros privados. Sin embargo, estos colegios híbridos han pasado a ser sostenidos con fondos públicos sin dejar de lado su ideario y su metodología de enseñanza, lo que ha despertado las suspicacias entre los defensores de la escuela pública.

Aunque todos los centros sostenidos con fondos públicos están sujetos al mismo proceso de escolarización, los resquicios legales han permitido a la Concertada eludir cuestiones fundamentales para mantener una equidad en la calidad de la enseñanza pública. Las familias andaluzas optan por los centros concertados no ya por su ideario, que también, sino porque así se aseguran una ubicación cercana al domicilio, una buena oferta de actividades extraescolares, una plaza asegurada hasta llegar a la Universidad y, aunque es políticamente incorrecto decirlo, porque la presencia de inmigrantes y de minorías étnicas es casi inexistente.

El Ministerio de Educación lanzaba a principios de curso en su informe Datos y Cifras 2010-2011 una mirada reveladora de la última década: Andalucía es una de las comunidades donde el porcentaje de alumnado extranjero en la concertada es menor. Así, un 86,8% de los estudiantes que vienen de fuera de España están matriculados en centros públicos, un 6,7% en centros concertados y un 6,5% en los privados. Sólo Canarias (4,1%) y Melilla (4,8%) tienen una tasa de alumnado extranjero en la Concertada inferior a la andaluza.

Esto es debido, entre otras cuestiones, a que en Andalucía todavía no se aplica un reparto equitativo del alumnado con necesidades educativas especiales. En esta comunidad, donde existe una de las tasas de inmigración más altas de España, la elección de centro por parte de los progenitores es sagrada. "Un 93% de los alumnos ha entrado en el centro que deseaba", lo recordaba la delegada provincial de Educación, Ana Gámez, a este diario en una entrevista concedida hace unas semanas.

Sin embargo, esta norma está favoreciendo la exclusión de los alumnos más necesitados, que se concentran la mayoría en barrios desfavorecidos. Es por esta razón que muchos centros están semivacíos y otros tienen unas listas de espera enormes. Un ejemplo, el colegio público San José, ubicado en pleno centro de Granada, tiene todos los años plazas vacantes a pesar de ofertar aula matinal, comedor y actividades extraescolares; y en cambio, todos los colegios concertados que están situados junto a él están saturados de demanda. La razón está en su alumnado, con una elevada tasa de inmigrantes y los colegios concertados no.

Pero entre los centros públicos también se huye de la escuela inclusiva. Los casos más claros están en la provincia, donde la concertación es inexistente. Un ejemplo, el colegio público Elena martín Vivaldi de Loja. Es el único centro, de los cinco públicos que hay en el municipio, donde todos los años se quedan multitud de plazas sin cubrir, mientras que cada vez es mayor el número de familias que optan por mandar a sus hijos a un colegio fuera del municipio. La clave: el Elena Martín Vivaldi tiene un alto índice de alumnos gitanos que viven en el barrio de la Alfaguara.

Ante este panorama, la Junta ha decidido (por fin) meter mano al proceso de escolarización de sus centros, públicos o concertados, que es donde se producen las mayores irregularidades de su enseñanza. Con el nuevo decreto que está preparando la Consejería de Educación, importará a los centros públicos uno de los logros de la Privada: la escolarización pública única. Es decir, que las familias reserven una plaza para sus hijos para toda su vida escolar, desde Infantil hasta Bachillerato, realizando una sola vez la matriculación.

Pero también le mete mano a un escollo importante (ya resuelto en otras comunidades), la reserva de plazas a alumnos con necesidades educativas especiales. Por primera vez va a incluir en este cupo a los alumnos con condiciones socioeconómicas y culturales desfavorables, como es el caso de un sector importante de la población inmigrante y de minorías como la gitana. Con una esperanza para la escuela inclusiva: que a partir del próximo curso los colegios 'guetos' andaluces empiecen a tener los días contados.