La Policía turca registró ayer en Estambul las sedes de 44 empresas de las que se sospecha que podrían tener vínculos con el predicador, Fethullah Gülen, al que el Gobierno responsabiliza de la intentona golpista del 15 de julio.

Durante los registros fueron detenidas 50 personas y se emitieron órdenes de detención contra otras 120, entre ellas varios directivos. Uno de los arrestados es el presidente de Afken Holding, una empresa que trabaja en los sectores inmobiliario y tecnológico.

El presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, anunció a principios de agosto que ampliaría al mundo empresarial las "purgas" iniciadas tras el intento de golpe de Estado. Erdogan, antiguo aliado de Gülen, responsabiliza a éste de la insurrección militar ocurrida a mediados de julio. Sin embargo el clérigo, que reside en Estados Unidos, lo niega.

Por otro lado, las autoridades turcas aumentaron la presión sobre los medios de comunicación. Un tribunal turco ordenó el cierre de un periódico prokurdo al que acusa de difundir propaganda terrorista de la prohibida Organización de los Trabajadores del Kurdistán (PKK).

El diario se centra en asuntos relacionados con la minoría kurda de Turquía y en el conflicto entre el PKK y el Estado. Según diferentes círculos gubernamentales turcos, esta decisión judicial es independiente del actual estado de excepción y, en teoría, se puede recurrir.

Desde hace semanas está abierta una investigación contra numerosos periodistas por acusaciones de propaganda terrorista. Según la Plataforma de Periodismo Independiente, hay 44 reporteros en prisión preventiva y 68 han sido encarcelados.

Desde el fallido golpe de Estado se encuentran bajo prisión preventiva unas 17.000 personas, entre ellas empresarios, jueces, funcionarios de Ministerios, policías y soldados. Además, fueron suspendidos o destituidos más de 81.000 funcionarios.