TODOS hemos utilizado, para dejar claro que algo está completo, la expresión y todas las miliquinientas. Bajo los Austrias, se conocía como Sala de las Mil y Quinientas aquella del Consejo de Castilla que veía los pleitos graves tras la vista y revista de la Chancillería y súplica al rey, previo depósito de mil quinientos doblones, cantidad muy importante para la época como algunas de las que plantea la nueva ley de tasas judiciales. Los argumentos de la reforma son la reducción del gasto público y la racionalización del sistema judicial.

Obtener justicia no es gratuito. Quien pleitea requiere abogados, procuradores, asesores o peritos. Lo que debe ser gratuito es el acceso a la justicia porque sus costes de estructura los pagamos todos los ciudadanos con nuestros impuestos. Algo que se suele olvidar. La justicia es mejorable, a nadie le cabe duda, pero convertirla en un lujo solo conseguirá crear el espejismo de una falsa eficiencia porque muchos conflictos quedarán latentes o se resolverán fuera de los juzgados. Y esa situación si debería generar alarma social.

Para cualquier ciudadano sensato resulta incomprensible que el mismo Estado que dilapida nuestro dinero en una hipertrofiada estructura estatal ineficiente y anticuada, en televisiones públicas sin audiencia ni calidad o en empresas zombies cuya utilidad o necesidad son más que discutibles, sea el que nos quiere cobrar por ejercer un derecho básico en una democracia moderna.

Aún así, podríamos entender que a determinados procesos, más o menos frívolos en su planteamiento, se les exija el pago de tasas pero lo que es inadmisible, más aún, en la situación actual es la inclusión del ámbito laboral.

Se suprime de un plumazo el derecho a la asistencia jurídica gratuita a todos los trabajadores. La idea del estado no puede reducirse a una mera visión economicista donde el ejercicio de los derechos constitucionales requiera el abono de una tasa. Se liquida el carácter tuitivo del derecho laboral que es fundamental porque el estado olvida su obligación de proteger al más débil en una relación laboral. Esta defensa del trabajador no es un capricho de quienes hicieron las leyes. Es la constatación de una realidad. Un contrato laboral nace con un claro desequilibrio entre empresa y trabajador. Algo que, desde finales del siglo XIX han reconocido todos los gobiernos, fuera cual fuese su ideología.

El único afán de la norma es recaudar, no es reformar la justicia ni hacerla eficiente. ¿Aprenderán nuestros gobernantes de toda laya que el déficit se reduce más fácilmente gastando menos en lo que no es necesario? ¿Harán alguna vez lo que todas las familias de España? Con estas tasas, desde luego, parece que no.