EL buen criterio del Congreso de los Diputados de hacer comparecer a distintos expertos para escuchar sus valoraciones sobre proyectos de ley tan importantes como el de altos cargos, financiación de los partidos políticos y reforma del Código Penal para aumentar ciertas condenas y tipificar como delictivas ciertas conductas ha permitido al fiscal general del Estado, Eduardo Torres-Dulce, demostrar su independencia de criterio y su defensa rigurosa de la ley y del servicio público. El máximo representante del Ministerio Público ha sido rotundo al pronunciarse sobre el funcionamiento de la Justicia y del propio Gobierno y Parlamento en materia de lucha contra la corrupción. Sencillamente, no es el adecuado ante un fenómeno de tal magnitud e influencia en el sistema democrático y que se ha convertido en el segundo problema en orden de importancia en opinión de los ciudadanos españoles. Las expresiones utilizadas por Torres-Dulce son claras y contundentes: la legislación es insuficiente, enrevesada y con penas no acordes con la gravedad que se demanda por la ciudadanía, la actuación del aparato judicial es exasperantemente lenta, se producen prescripciones incomprensibles de delitos relacionados con la corrupción y no se recupera el dinero público defraudado por los corruptos. Para el fiscal general del Estado, la respuesta de la Justicia a los delitos de corrupción es lenta, con consecuencias en la prescripción de conductas lesivas para el interés público, lo que se evitaría encargando a la Fiscalía la instrucción de los sumarios, a condición de que sea dotada de más y mejores medios materiales y humanos sin los cuales su gestión dejaría mucho que desear. Llama la atención igualmente acerca de la necesidad de evitar los macroprocesos cuya instrucción inacabable termina a veces por ofrecer una imagen de impunidad, al tiempo que mantienen estigmatizadas socialmente a personas que más tarde pueden ser absueltas, con el consiguiente daño a su honor y fama. La proliferación de indultos es otro de los males de la situación actual, dado que cuando afectan a implicados en actos de corrupción estimulan el desapego de los ciudadanos hacia las instituciones democráticas e incluso favorecen la elusión de sus deberes fiscales y ciudadanos, al contemplar cómo políticos o cargos públicos condenados no van a la cárcel o la abandonan al poco tiempo de ingresar. Desde la Fiscalía General del Estado llega, pues, este aldabonazo a la conciencia y la responsabilidad de los legisladores: hay que cambiar el funcionamiento de la Justicia para recuperar su credibilidad ante los ciudadanos y cortar de raíz la desafección de éstos hacia la política.