Provincia

El juez Moreno investigará si el exalcalde de Cogollos sufrió acoso

  • El caso regresa al primer juzgado que recibió la denuncia tras haber sido remitido a otro órgano

Tras un pequeño periplo del caso por los juzgados, finalmente será el juez Antonio Moreno, titular del Juzgado de Instrucción número 4 de la capital, quien investigue si el exalcalde de Cogollos Vega Francisco Luzón fue víctima de un presunto acoso laboral tras volver a su puesto de funcionario en el Ayuntamiento de este municipio.

Luzón, a quien el Tribunal Supremo (TS) ha absuelto recientemente del delito de prevaricación por el que había sido condenado a 3 años de cárcel y nueve de inhabilitación por permitir obras a su cuñada en terreno agrícola, presentó en octubre pasado esta denuncia. Está dirigida contra el actual regidor del municipio, Manuel Lucena, y contra el secretario municipal.

Fuentes del caso consultadas por este periódico explicaron que el asunto aterrizó desde un principio en el Juzgado Instrucción 4, pero acabó siendo remitido al Juzgado de Instrucción 7 por haberse tramitado allí otra denuncia de Luzón -según las fuentes archivada provisionalmente en 2011- por otros hechos.

Finalmente, el caso ha regresado, meses después, al órgano del magistrado Antonio Moreno, que el pasado 16 de mayo dictó un auto incoando diligencias previas, al considerar que "los hechos que resultan de las anteriores actuaciones presentan características que hacen presumir la posible existencia de una infracción penal". Así consta en la documentación a la que ha tenido acceso este diario, en la que figura que el exregidor fue además citado el pasado 25 de mayo en el Instituto de Medicina Legal de Granada.

Luzón, representado por el despacho Vicente Tovar Abogados, fue alcalde del Cogollos Vega entre 2003 y 2011, y narraba en su denuncia, en su día publicada por Granada Hoy, "comentarios, hechos, conductas y manifestaciones" que, según afirmaba, habrían acontecido desde 2011, año en que se reincorporó a su puesto de trabajo como auxiliar administrativo del Consistorio, hasta la actualidad.

"Es desde este momento cuando empieza a sufrir un acoso laboral injustificado, a través de una actitud eminentemente prevaricadora" de los denunciados, indicaba el escrito, en el que decía haber sido víctima de "humillaciones y vejaciones" en su actividad laboral. Aseguraba que esos supuestos hechos le habían provocado "un trastorno depresivo que le lleva, desde entonces, incapacitando para desempeñar su función, debido al fuerte tratamiento al que está sometido". Entre las afirmaciones que realizaba, Luzón acusaba a los denunciados de intentar "menoscabar" su dignidad, "usando medios de la administración" para inculparle "de hechos prevaricadores, que ni siquiera están probados" y relacionados con contrataciones laborales que hizo siendo alcalde.

Otra de las supuestas conductas acosadoras que relataba el ex primer edil es que se le ordenase "formar un inventario completo de tumbas y nichos del cementerio", tareas que entendía que no le correspondían por su categoría profesional y que le encomendaron porque consideran "que no sabe hacer nada". Subrayaba en este punto que la propia Inspección de Trabajo consideró la decisión de mandarlo al camposanto "injusta y arbitraria" y que envió el asunto a la Fiscalía, la cual, según ha podido saber este diario, acabó archivándolo en diciembre del año pasado.

La denuncia, de 24 folios, describía otras situaciones, como que el secretario "no ordenase su alta en la Seguridad Social hasta 13 días después de haberse reincorporado a su puesto de trabajo", o que al reincorporarse a las oficinas municipales en 2015 "no" se le proporcionase "mesa alguna para poder desarrollar su trabajo".

El abogado del Ayuntamiento de Cogollos, Sergio García, del despacho Rafael Revelles Abogados, aseguró ayer no haber recibido aún comunicación oficial de la apertura de la causa, si bien admitió conocer la existencia de la denuncia. En este sentido, tras recordar que "aún no se ha practicado diligencia alguna", resaltó que ya en su día la Fiscalía determinó en relación a los hechos del cementerio "que no había visos de indicios racionales de criminalidad respecto de los delitos imputados por el denunciante habida cuenta de la documentación presentada por el Ayuntamiento".

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