La Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía ha revocado un fallo en primera instancia que condenaba al Ayuntamiento de Almuñécar por presunto acoso laboral a una trabajadora, que solicitaba una indemnización de 60.000 euros. Tras el recurso, la demanda inicial ha quedado desestimada.

La denuncia contra el Ayuntamiento había sido presentada conjuntamente por la trabajadora Carmen Pardo López y la Consejería de Empleo de la Junta de Andalucía, cuya sentencia inicial fue dictada el 4 de diciembre de 2008 por el Juzgado de lo Social número 2 de Granada, condenando a la administración municipal por un presunto delito contra el "contrato de trabajo", al entender que "se atentaba contra la dignidad de la trabajadora". El 24 de junio de 2009, el TSJA revocó la sentencia, desestimando la demanda y la solicitud de indemnización.

La sentencia en primera instancia estimaba "parcialmente" la denuncia de la trabajadora y la Consejería, aduciendo que "atentan a su dignidad". El Ayuntamiento presentó el correspondiente recurso ante el TSJA, que ahora falla a favor de la administración municipal, mostrándose en desacuerdo con el fallo en primera instancia, según el cual se había producido acoso, hostigamiento y aislamiento.

Los jueces tampoco entienden que el Ayuntamiento haya incurrido en "vejaciones" por el hecho de que la trabajadora no tenga atribuciones para impulsar o tramitar los expedientes de las personas extranjeras a las que sirve de intérprete, argumentando que "las funciones del municipio en su aspecto administrativo son variadísimas y a cargo de cada una de ellas o negociado, habrá un funcionario especializado". Tampoco consideran negativo el hecho de que en la misma habitación en la que trabaja "haya otra persona con la que no se lleva bien", aduciendo "insultos y amenazas no concretados y no denunciados", como se afirma en la argumentación.

Ante esta decisión judicial, el Ayuntamiento de Almuñécar criticó que al conocerse la sentencia en primera instancia "el equipo de gobierno fuera objeto de una inmerecida y desproporcionada campaña mediática, con graves acusaciones por parte de la oposición sobre la política de personal del Ayuntamiento, sin esperar la sentencia firme del Tribunal".