La sobrecarga de trabajo que soporta el Juzgado de lo Penal 1 de Motril ha provocado el retraso hasta 2011 de un nuevo juicio previsto contra el alcalde de Almuñécar, Juan Carlos Benavides (CA), acusado de un delito de alzamiento de bienes por fingir su separación para evitar una condena millonaria por el caso Tropical Fruit, del que fue absuelto por el Supremo.

El regidor sexitano se enfrenta a un total de dos años y medio de prisión, multa de 27.000 euros e inhabilitación para el derecho de sufragio pasivo en una causa en la que también están procesados su esposa, el secretario local de Convergencia Andaluza (CA), Rafael Contreras -también coordinador del gabinete de Alcaldía en Almuñécar-, y su mujer, para los que el fiscal solicita la misma pena. Según señala el Ministerio Público en su escrito de calificación provisional, los dos matrimonios acordaron "en connivencia" y de mutuo acuerdo iniciar sendos procedimientos judiciales en el mes de julio de 2005 con el ánimo de eludir las responsabilidades civiles derivadas de la ejecución de la sentencia del Juzgado de Primera Instancia 3 de Motril, que los condenaba por las supuestas irregularidades en la gestión de la empresa de hortofrutícolas Tropical Fruit, controlada por el Ayuntamiento, al pago de una indemnización de más de 1,4 millones de euros, más los intereses y las costas -unos 3,4 millones de euros en total-. Así, según el fiscal, los procesados se aseguraban "obligaciones inembargables" que aminoraran su patrimonio en detrimento de los acreedores.

Concretamente, los dos matrimonios presentaron en los Juzgados de Almuñécar y en la misma fecha, el 22 de julio de 2005, la demanda de separación, que establecía la necesidad de pasar una pensión alimenticia a los hijos, a pesar de que éstos eran en los dos casos "mayores de edad, estaban emancipados, vivían de forma independiente y poseían recursos económicos suficientes". Así, Contreras y su esposa tendrían que consignar 1.000 euros mensuales a sus hijos (500 por cada uno de ellos) y Benavides y la mujer un total de 2.300 (1.150 para cada uno), trámites que, para el fiscal, tenían una "finalidad defraudatoria".

No habían transcurrido dos meses cuando los abogados de las ya ex esposas, también el mismo día, el 9 de diciembre de 2005, solicitaron una retención judicial de la pensión alimenticia, si bien las peticiones no llegaron a hacerse efectivas al acordarse la suspensión del procedimiento en ejecución por "prejudicialidad penal". Para el Ministerio Público, los cuatro acusados actuaron "en connivencia" y establecieron una pensión "de forma ficticia". El fiscal no cree que los hijos participaran en la "maniobra defraudatoria" si bien los cita a declarar como testigos.