Acusan a un veterinario de la Junta de falsedad documental

  • Un juzgado de Marbella investiga si está implicado en el robo de un caballo

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Un veterinario de la Oficina Comarcal Agraria (OCA) de la Junta en Algeciras se ha visto presuntamente involucrado, junto a otras cuatro personas, en un caso de robo, venta ilegal y falsedad documental de un caballo sustraído en Valencia y localizado hace cuatro meses en Marbella, donde un juzgado investiga los hechos tras una denuncia del Seprona. El veterinario de la Junta está acusado de un delito de falsedad documental, al igual que otro veterinario privado, mientras que un ganadero de Marbella podría haber incurrido en un delito de receptación y otros dos residentes en Algeciras en un delito de robo.

Todo se destapó gracias a una inspección del instituto armado en una explotación equina de Marbella, el pasado mes de febrero. La información del microchip de uno de los caballos no coincidía con la documentación sobre su origen aportada por el ganadero y, además, había una denuncia por robo del animal en Valencia, junto con otros tres caballos. El propietario del caballo alegó que lo había adquirido en Algeciras. Allí, el Seprona localizó al ganadero que presuntamente había vendido el animal y comprobó que tenía una tarjeta equina legal, documento donde se incluye toda la información relativa al caballo y a su propietario. Además, en la guía de origen aportada por el ganadero y visada por la OCA de Algeciras, aparecía que el caballo había sido comprado y traído desde León, donde no es exigible la colocación del microchip.

Los agentes determinaron que se había usado la guía de otro animal para introducirlo y que supuestamente el ganadero de Algeciras había contratado a un veterinario para que certificara la procedencia legal del equino con la expedición de una tarjeta falsa. El Seprona centró su investigación en la OCA ,donde se había dado por buena la documentación. Al parecer, el veterinario de esta oficina había supuestamente admitido la documentación como válida e inscrito al animal en el registro autonómico sin comprobar su legalidad. Aunque se alegó entonces que este caso se había debido a un error administrativo, el veterinario ha sido acusado de falsedad documental.

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