El Ayuntamiento de Bormujos, que gobierna Lola Romero (PP) con Vox, ha pedido una condena de dos años de prisión y diez años de inhabilitación especial para empleo o cargo público para la ex alcaldesa popular Ana Hermoso, por haber abonado a los funcionarios la paga extra que el Gobierno central retiró en el año 2012 por el decreto para garantizar la estabilidad presupuestaria de fomento de la competitividad. 

El Consistorio bormujero, que ejerce la acusación particular, ha presentado su escrito de conclusiones provisionales, en el que reclama esta condena de dos años de cárcel para Ana Hermos por delitos de prevaricación y malversación de caudales públicos, una condena sensiblemente inferior a los cuatro años de prisión que reclama la Fiscalía hispalense.

En su escrito de conclusiones provisionales, al que ha tenido acceso este periódico, reclama asimismo que Ana Hermoso indemnice al Ayuntamiento de Bormujos con los 169.678,66 euros que se abonaron en concepto de "productividad no justificada". La acusación particular señala asimismo en su escrito que de esta cantidad "deberán responder, de forma solidaria y como partícipes a título lucrativo, los empleados del Ayuntamiento a quienes se hubiera pagado las cantidades como productividad no justificada, a razón de lo que cada uno haya percibido".

Precisamente el hecho de que los funcionarios municipales puedan ser llamados al procedimiento para devolver los importes cobrados provocó un duro enfrentamiento entre el PP y el PSOE en el último pleno municipal, en el que los concejales socialistas, entre los que no figuraba el ex alcalde Francisco Molina, se levantaron de sus asientos y abandonaron la sesión, mientras que el concejal del PP Luis Paniagua los acusó de "huir" y "esconderse" del problema a cuenta del posible impacto de la causa en las cuantías cobradas por los empleados públicos.

En el escrito de acusación, el Ayuntamiento de Bormujos recoge que el 11 de julio de 2012 se publicó el Real Decreto Ley 20/2012, de 13 de julio, de medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria de fomento de la competitividad, por el que cual se suprimió la paga extraordinaria de navidad del año 2012 para el personal del sector público.

La entonces alcaldesa popular, Ana Hermoso, "con la clara intención de eludir tales normas, ordenó al departamento de personal del Ayuntamiento, que informáticamente se creara en aplicación de nóminas un subcomplemento de productividad, a través del cual se abonara a cada empleado municipal entre los meses de julio y diciembre de 2.012, una sexta parte de lo que les hubiera correspondido por la paga extraordinaria suprimida, creándose así tal suplemento denominado en el programa informático "Productividad RD Ley 20/12", dictando la propia acusada para encubrir esos pagos fraccionados de la paga extraordinaria de navidad, la resolución nº 944/12 de 20 de julio de 2012, por la que acordaba adoptar las medidas necesarias para llevar a cabo lo dispuesto en el referido Real Decreto Ley 20/2012".

A continuación, dictó seis resoluciones mensuales aprobando en cada una de ellas el abono a los empleados "en concepto de complemento de productividad, no justificado, el importe de la paga extraordinaria ya referida, lo cual supuso un desembolso total de 169.678,66 euros".

Por su parte, la Fiscalía de Sevilla pide cuatro años de cárcel para la ex alcaldesa y otros diez años de inhabilitación, y además reclama que indemnice con 169.678,66 euros al Ayuntamiento de Bormujos. Asimismo, considera que los funcionarios deben responder "de forma solidaria en razón a lo que cada uno haya percibido" de esa paga de productividad no justificada, en su condición de partícipes a título lucrativo, por lo que ha solicitado que los funcionarios sean identificados y traídos a este proceso.

"Arbitrariedad y claro perjuicio del dinero municipal"

La causa contra Ana Hermoso ha sido investigada por el juzgado de Instrucción número 13 de Sevilla, que inicialmente acordó el archivo, pero el Ayuntamiento de Bormujo presentó un recurso contra la decisión de la juez y la Sección Séptima de la Audiencia de Sevilla ordenó que continuara el procedimiento. La juez, según explica la Audiencia en un auto, acordó el archivo al estimar que lo que había ocurrido era una "mera desviación de poder de índole administrativa que no entendía incursa en el delito de prevaricación".

Sin embargo, el tribunal revocó el archivo al entender que los hechos investigados tienen "apariencia delictiva" por cuanto los indicios apuntan a una "eventual contradicción patente y grosera contra el ordenamiento jurídico (algo más que una mera ilegalidad), utilizando un mecanismo legal que era de su exclusiva competencia (la productividad) par aeludir el cumplimiento de la ley para terminar pagando dos veces por lo mismo, con presunta arbitrariedad y en claro perjuicio del dinero municipal, por destacable que fuera el superávit del Ayuntamiento".

En su declaración ante la juez, Ana Hermoso negó el pago encubierto de la paga extra y defendió que eran "complementos de productividad legales".