Medidas sociales

La reforma de Sucesiones depende del techo de gasto que exija Madrid

  • El Ministerio de Hacienda ha citado en julio a las comunidades para explicarles los tope.

Susana Díaz, durante la Sesión de Control.

Susana Díaz, durante la Sesión de Control. / EFE

Ciudadanos tendrá que esperar a que el Gobierno central explique cuál será el techo de gasto de las comunidades autónomas para conocer hasta dónde quiere llegar la Junta en la reducción del impuesto de Sucesiones. La presidenta andaluza, Susana Díaz, se comprometió este jueves en el Parlamento a acometer una reforma fiscal cuando conozca las limitaciones que Madrid pone al presupuesto de 2018. El Ministerio de Hacienda ha convocado a las comunidades este mes de julio para fijar su gasto, y también se conocerán los anticipos a cuenta, con los que las autonomías se van financiando en el día a día. Será con estos datos con los que la titular andaluza de Hacienda, María Jesús Montero, se pueda sentar a negociar con el resto de consejeros y con Ciudadanos. De todos modos, la previsión es que el presupuesto de 2018 será el primero expansivo desde la crisis, con un aumento del gasto en torno al 3%. El líder de Ciudadanos, Juan Marín, expresó en la sesión de control al Gobierno andaluz su impaciencia por la reducción del impuesto de Sucesiones, que forma parte de su acuerdo con el PSOE.

La demanda de Ciudadanos se centra en una reducción drástica de este impuesto, a la vez que la bajada de un punto y medio del tramo autonómico del IRPF. Marín ha llegado a decir que no habrá cuentas de 2018 si no se acomete esta reforma fiscal. Su idea era dejarla casi finalizada en julio, pero el Gobierno andaluz le ha impuesto este aplazamiento. La última reunión de enlace entre los naranjas y los socialistas no salió bien y no hubo ningún avance.

La renta mínima de inserción estará preparada en enero del próximo año

La Junta recauda en torno a 300 millones de euros con Sucesiones, y la reforma de Ciudadanos pude provocar un descenso casi en su totalidad, al menos en un primer momento. Hay comunidades que han recaudado más por este concepto después de reformarlo. En cualquier caso, Montero tendrá que computar, sobre el papel, esta rebaja de la recaudación.

En la misma sesión de control, Susana Díaz anunció que la nueva renta mínima de inserción social estará aprobada en enero de 2018 y que supondrá un gasto inicial de 200 millones de euros. El portavoz de IU, Antonio Maíllo, dudó de la capacidad financiera y de la voluntad política para esta aprobación, aunque su grupo apoya la iniciativa. Desconfía del anuncio. Según se ha explicado, a esta renta se podrán acoger todas aquellas personas en riesgo de exclusión que ingresen menos de 416 euros al mes. En grupos familiares se va aumentando el límite inferior por cada uno de los miembros, así como la cantidad que se ingresará. La dirigente socialista avanzó que la intención de su Gobierno es que el decreto ley que regula la renta mínima de inserción entre en vigor en enero del próximo año, una norma que dará cobertura a más de 42.500 familias en andaluzas en dificultades económicas. Para afrontar este gasto, la Junta tiene previsto destinar unos 250 millones de euros anuales entre el 2018 y el 2021.

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