La acusación popular que ejerce el PP-A en el caso de los ERE se ha opuesto a las peticiones de archivo planteadas por los ex presidentes de la Junta de Andalucía Manuel Chaves y José Antonio Griñán y ha solicitado a la Audiencia de Sevilla que confirme el auto en el que el juez de refuerzo Álvaro Martín los procesó junto a otros 24 ex altos cargos dentro de la pieza separada del denominado "procedimiento específico" por el que se concedieron las ayudas bajo sospecha.

En sendos escritos, a los que tuvo acceso Europa Press, el PP-A impugna los recursos de apelación presentados por los ex presidentes de la Junta contra el auto del pasado día 31 de mayo en el que el juez Álvaro Martín procesó a ambos por un delito de prevaricación, mientras que a Griñán le atribuyó también un delito de malversación de caudales públicos.

En el caso de Chaves, el PP-A considera "absolutamente improcedentes" las alegaciones realizadas en su recurso, "tanto por su contenido como por su extemporaneidad procesal", y señala que el auto es "ajustado a Derecho, concluye las diligencias previas y resuelve sobre el procedimiento a seguir, pero no puede configurarse como una calificación acusatoria anticipada".

A su juicio, la defensa de Chaves "efectúa una serie de alegaciones de fondo impropias de esta fase procesal en la que se no se requiere un juicio de certeza sobre la realidad de los hechos objeto de imputación sino de probabilidad indiciaria que pudieron haberse cometido, y por ello es preciso pasar a fases sucesivas en el procedimiento, indicios existentes" en este caso. El auto recurrido "concluye que las diligencias practicadas en el decurso de la instrucción permiten atribuir, con un mínimo grado de probabilidad indiciaria, dicha infracción al recurrente, debiendo tenerse presente que la resolución impugnada constata que la instrucción está concluida, y que hay indicios que permiten formular un escrito de acusación contra Chaves", argumenta.

Tras abundar en que "las alegaciones exculpatorias que se formulan exceden de este momento procesal", el PP-A asevera que "existen datos que permiten atribuir, con un grado de mínima probabilidad indiciaria, al ahora recurrente, la presunta comisión de un delito de prevaricación". "Existen, pues, indicios suficientes como para poder tener los hechos relevancia penal", añade.