La defensa del sospechoso de cometer los asesinatos de Miguel Ángel Domínguez y su hija María en Almonte a finales de abril de 2013 ha recurrido en reforma el auto de la titular del Juzgado de Instrucción 1 de La Palma del Condado por el que volvía a denegarle el pasado 17 de mayo (y por tercera vez en el curso de la instrucción) la libertad a F. J. M. R., recluido en la penitenciaría onubense de La Ribera desde el 28 de abril de 2014 en régimen preventivo.

En su súplica, el letrado Juan Ángel Rivera se muestra contundente y hasta irónico, insistiendo en la inconsistencia de las pruebas que existen contra su representado y apuntando a la posibilidad de que el culpable sea otra persona, teniendo en cuenta que sí fueron hallados restos de ADN de un varón desconocido en elementos de la escena del crimen.

El jurista arremete contra los argumentos de la instructora para mantener en prisión a F. J. M. R. -persistencia del riesgo de fuga, inminencia del juicio, lo elevado de las penas en consonancia con gravedad de los delitos, la posible alteración de pruebas y la falta de arraigo del imputado- indicando que ha quedado "suficientemente acreditada la vinculación tanto familiar como social y laboral que mi mandante tiene en el pueblo de Almonte, en el que cuenta con el respeto, apoyo y cariño de todos sus compañeros de trabajo, donde dispone de vivienda propia, aún cuando vive en el domicilio con sus padres y hermanos, para quienes la situación del imputado está resultando angustiosa y dañina". Destaca además que el riesgo de fuga es inexistente por "la negación de la autoría, la actitud cooperadora y la ausencia de antecedentes penales", y recuerda a la instructora que el Tribunal Constitucional señala que "la gravedad de la pena no puede sustentar por sí sola la prisión provisional".

Rivera subraya que la principal prueba de cargo contra su representado es el ADN localizado en tres toallas de los dos baños de la casa y que la magistrada mantiene que los restos han sido transferidos por contacto directo y personal, mientras que los propios peritos del Instituto Nacional de Toxicología dejan claro que "no disponen de medios para poder datar ni para indicar la forma en que se depositaron los restos sobre las tres muestras, de ahí que sólo se pueda considerar como posibilidad o probabilidad que estemos ante una transferencia directa".