Segundo año consecutivo a la baja y tercero en la historia. La inversión en investigación y desarrollo (I+D) en Andalucía se desplomó un 10,2% el año pasado, la mayor caída experimentada por el indicador en la comunidad, tras los descensos del 4,5% en 2011 y el 2,2% en 2004. Los recortes protagonizados por el sector público -tanto en la Administración como en las universidades- y la mella que ha hecho la crisis en las empresas privadas, que empezaban a apostar por la I+D como forma de competir en el mercado, han provocado que el gasto haya retrocedido en la región a niveles de hace cinco años.

Según el informesobre Actividades en I+D del Instituto Nacional de Estadística (INE), Andalucía invirtió 1.480,46 millones de euros en este capítulo en 2012, lo que supuso una rebaja del 10,2% con respecto al ejercicio precedente y la pérdida de la cota de los 1.500 millones que había rebasado en 2008. Este paso atrás, además, alejó a Andalucía de la convergencia que había comenzado a experimentar en los últimos años con las regiones más avanzadas. Y es que el desplome andaluz duplicó el repaso que también se llevó la inversión española, que retrocedió un 5,6%, hasta los 13.391,61 millones.

Si bien Andalucía se erigió en la tercera comunidad española en gasto absoluto en I+D, sólo por detrás de Madrid (3.433,67 millones) y Cataluña (2.991,01), en los datos relativos no salió tan bien parada. El dato que mejor refleja el verdadero esfuerzo que se realiza en innovación es el impacto que este desembolso tiene sobre el Producto Interior Bruto (PIB). Y en el caso andaluz, el gasto en I+D supuso un 1,05% del PIB regional en 2012, mientras que el año precedente fue del 1,15%, un retroceso que devolvió al indicador a niveles precrisis, es decir, de los ejercicios 2007 y 2008, cuando se registraron cifras del 1,02 y 1,03, respectivamente. Con este panorama, y salvo milagro, será absolutamente imposible que se alcance el objetivo marcado para el presente año 2013, que apunta a un impacto del 2%. En España la cosa no pintó mejor, ya que lo que sucedió fue tres cuartos de lo mismo: la inversión total sólo representó el 1,30% del PIB frente al 1,36% de 2011 ó el 1,40% de 2010. En el ranking nacional, Andalucía se situó por detrás de comunidades que realizaron esfuerzos envidiables como el País Vasco, con un desembolso del 2,19% de su producto, Navarra (1,91), Madrid (1,82), Cataluña (1,51) y Castilla y León (1,12).

El análisis por sectores también ofrece una radiografía esclarecedora. Y es que en el recorte del 10,2% sufrido por la I+D andaluza en 2012 tuvieron una responsabilidad compartida tanto el ámbito público -administraciones y enseñanza superior- como el privado -empresas e instituciones privadas sin fines de lucro (IPSFL)-, ya que ambos rebajaron su aportación en torno a un 10%. Yendo al detalle, de un lado la inversión de la Administración Pública bajó un 6,86%, hasta los 316,83 millones, y la de la Enseñanza Superior (Universidad) un 11,57%, hasta los 626,91 millones; y de otro lado, el gasto de las empresas se situó en 534,76 millones, un 10,60% menos, y el de las IPSFL en 1,94 millones, el único segmento que creció, en este caso, un importante 82,27%.

Pero pese a que las culpas se repartieron a medias entre lo público y lo privado, sorprende ver cómo las empresas no bajaron los brazos en temas de innovación pese a los reiterados envites de la crisis. Lo esperable hubiese sido un desplome mucho mayor que el de las administraciones, teniendo en cuenta que tradicionalmente en Andalucía han sido éstas las que han tirado del carro de la I+D. Sin embargo, la creencia de las compañías de que sólo ganando competitividad pueden hacerse un hueco en el mercado global ha provocado que no hayan metido la tijera de forma más acusada. En resumen, han recortado un 10,60% su inversión en investigación y desarrollo, pero podría haber sido mucho peor si en los últimos años no hubiese calado aquel mensaje.

En la foto fija, sin embargo, el peso del sector público sigue siendo superior al privado: 63,74% versus 36,25%. Justo al contrario de lo que ocurre en España, donde las empresas son las artífices de la mayor parte de la inversión, con un 53,15% del total frente al 46,83% de las administraciones.