El Gobierno establecerá una "horquilla de corte" en los Presupuestos Generales del Estado para limitar los salarios de los empleados públicos municipales, según adelantó ayer el secretario de Estado de Administraciones Públicas, Antonio Beteta.

Con esta medida el Gobierno pretende que no haya tantas diferencias entre los trabajadores públicos de las diferentes comunidades autónomas y están pendientes de determinar los baremos para esta regulación, explicó Beteta en una rueda de prensa al término de la reunión de la Comisión Nacional de la Administración Local (CNAL).

El secretario de Estado, quien aseguró que no existe "la menor intención" de recortar sueldos, incidió en que los "complementos específicos" de los empleados municipales seguirán siendo aplicados por la administración local correspondiente, pero habrá una "horquilla de corte". "Ello no quiere decir -añadió- que se vaya a bajar ni se vaya a modificar el Estatuto básico de los empleados públicos".

En relación con la reforma local, Beteta precisó que "no ha habido un acuerdo global" con la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) aunque sí han recogido muchas de las alegaciones presentadas por los municipios y las comunidades.

Uno de los aspectos que centró la reunión de ayer, presidida por el ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro, y a la que asistió el presidente de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), Íñigo de la Serna, fue el del "coste estándar".

Beteta dijo que antes del verano se empezará a negociar con las comunidades autónomas y la propia CNAL para "poder hacer los cálculos" que, según dijo, "son facilísimos", de manera que los municipios tengan un plazo de cuatro meses -desde octubre- para poder adaptarse y ser eficientes. "Más eficiente quiere decir más barato para el ciudadano y mejor para la ciudadanía", subrayó.

El presidente de la FEMP advirtió de que "no es posible hacer una valoración de la eficiencia de cada servicio sin conocer el coste estándar" y negó que sea cierto el dato aportado ayer por Hacienda sobre la ineficiencia del 92,115 por ciento de los municipios de menos de 5.000 habitantes.

Sobre ello, Beteta dijo que "no hay consecuencias porque son datos de 2011" y apuntó que muchas de las cuentas de 2012 certifican que la situación ha mejorado. En cualquier caso afirmó que el coste de los servicios obligatorios municipales en las localidades de menos de cinco mil habitantes suponen el triple que en las de más de cien mil ciudadanos.

De la Serna mostró su desacuerdo con que en la reforma se evalúen todos y cada uno de los municipios aunque tengan una gestión eficiente, algo con lo que no está de acuerdo el Ministerio, que piensa que "los ciudadanos tienen derecho a saber cómo se gestiona en cada municipio".

El secretario de Estado certificó que la reforma local pasará hoy al Consejo de Estado para analizar y enviar un informe a las Cortes y no descartó que en este trámite se puedan introducir algunos aspectos que se han quedado fuera y que eran peticiones de la FEMP.

Se trata, según el secretario de Estado, de una "ley profundamente municipalista" que evita duplicidades, define competencias, garantiza el control económico presupuestario de los municipios y favorece iniciativas económicas que eviten intervenciones administrativas.