La anterior cúpula de Urbanismo y varios promotores, a juicio por prevaricación

La jueza sospecha de un "plan preconcebido" para lucrarse que se plasmó en el convenio del Cerrillo de Maracena, donde intervienen José Julián Romero, Caja Rural y Rodríguez Acosta

L. Q. /Y. H. / Granada | Actualizado 12.01.2012 - 01:00
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Imagen del Plan Parcial del Cerrillo de Maracena.

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La anterior cúpula de la Concejalía de Urbanismo de Granada, con el ex edil popular Luis Gerardo García-Royo a la cabeza, y algunos de los promotores más importantes de la ciudad, junto al representante de Caja Rural, acabarán en una sala de vistas para determinar un posible delito de prevaricación cuyos indicios ha puesto de relieve la jueza de Instrucción número 3 de la capital.

El caso se refiere a las supuestas irregularidades del Plan Parcial del Cerrillo de Maracena. La jueza, que ha investigado si el acuerdo alcanzado entre el Ayuntamiento de Granada y varios promotores de la ciudad para el desarrollo urbanístico de la zona y la tramitación administrativa del mismo se ajustaron a la legalidad, ha acordado transformar el caso en procedimiento abreviado. De este modo, la causa pasa a la fase de preparación de juicio oral, en la que las partes han de calificar ahora los hechos y solicitar la apertura de juicio oral, o pedir el archivo de las actuaciones.

Este diario ha tenido acceso al auto de la magistrada, dictado el pasado 19 de noviembre y en el que determina que los hechos investigados "pueden ser calificados, sin perjuicio de la que en definitiva merezcan, como constitutivos de un delito de prevaricación". Por eso, acuerda continuar la causa contra las diez personas que estaban imputadas, entre las que figuran el ex concejal Luis Gerardo García-Royo, altos funcionarios municipales, un arquitecto, un abogado, dos de los principales promotores de la ciudad (José Julián Romero y Manuel José Rodríguez Acosta) y Federico Hita, responsable de Caja Rural en aquel momento.

El acuerdo del Ayuntamiento y los citados promotores se plasmó en un convenio urbanístico de planeamiento y gestión fechado el 27 de septiembre de 2005, y que fue sucrito por García-Royo, en representación del Ayuntamiento; Federico Hita, en nombre de la Caja Rural de Granada; y José Julián Romero y Manuel José Rodríguez Acosta, en representación de las empresas J.J. Romero Consulting y Arcomarex, respectivamente.

La jueza entiende que hubo "un plan preconcebido" y que desde ese mismo momento "se asientan las bases, mediante la fijación de un sistema de obligaciones entre los suscribientes, para obtener un resultado final consistente en que el Ayuntamiento se atribuyera a sí mismo un aprovechamiento urbanístico, reflejado en unidades de aprovechamiento, superior al que legalmente le correspondía con base a terrenos que no eran de su propiedad sino bienes de dominio público, quedando los promotores obligados a comprar tales aprovechamientos conforme al precio prefijado".

De ese modo, según añade el auto, la exigencia contractual "incrementaba las arcas del Ayuntamiento y, al mismo tiempo, acrecentaba las expectativas comerciales de los promotores, que al tener más participación en el sector veían en el futuro pingües beneficios económicos derivados del proceso edificativo".

En definitiva, el Ayuntamiento se atribuía la propiedad de unos aprovechamientos urbanísticos que no le correspondían (porque al parecer le corresponderían a otros propietarios de la zona o a otros organismos públicos) con el objetivo de venderlos a esas tres partes que actuaban como principales promotores en la zona (JJ Consulting, Arcomarex y Caja Rural). El municipio se beneficiaba de ingresos extra y los privados, de mayores posibilidades de construir y vender, es decir, de hacer negocio.

Los funcionarios imputados son el técnico responsable de Urbanismo, Manuel Lorente Sánchez-Palencia; el jefe del Servicio de Gestión Urbanística, Emilio Martín; y los entonces vicesecretario de la Gerencia de Urbanismo y jefe del Servicio de Ejecución Urbanística. En cuanto a su actuación, el auto indica que los funcionarios "obviaron cualquier trámite que tuviera por objeto el conocimiento por parte de la Demarcación de Carreteras y la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir de la existencia del convenio de planeamiento y gestión alcanzado o el texto de los sucesivos planes parciales, ni de su aprobación inicial, ni de su aprobación definitiva el 31 de marzo de 2006".

Esas expectativas de negocio de los promotores se pensaron para la situación del mercado en ese momento (2005). Pero las complicaciones administrativas para el desarrollo de este plan parcial ralentizaron su desarrollo y con la llegada de la crisis el negocio se vino abajo.

Como consecuencia de esto, las compensaciones económicas que esperaba el Ayuntamiento se vieron también frustradas y comenzó una reclamación a los promotores que llevó incluso al embargo de los suelos por parte del municipio y al enfrentamiento directo entre las partes en los tribunales de justicia.

Urbanismo (con la concejal Isabel Nieto ahora como responsable) ha reclamado esas cantidades que, según el convenio, se comprometían a pagar los promotores, mientras que éstos han tratado de anular los términos de aquel acuerdo por el cual ahora pueden llegar a sentarse en el banquillo de los acusados.
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