Es la gran iniciativa política de la octava legislatura autonómica. Un proyecto estratégico para que el PSOE pueda seguir manteniendo el poder en Andalucía a largo plazo. Y se nota. El nuevo Plan Andaluz de la Vivienda (2008-2012), cuyas líneas maestras fueron cerradas por la Administración regional y empresarios y sindicatos y cuyo decreto fue aprobado por el Consejo de Gobierno de la Junta esta semana, promete un más que generoso reparto de ayudas y subvenciones públicas prácticamente para casi todos los operadores del mercado inmobiliario. Propietarios, empresas, constructoras, inquilinos y entidades privadas recibirán, en mayor o menor medida, una notable inyección de subsidios procedentes de las arcas públicas -o de inversión privada canalizada por las instituciones de forma preferencial- para atenuar el impacto de la crisis inmobiliaria y, al tiempo, permitir que amplias capas de la población accedan a una vivienda.

El Plan, cuya redacción inicial ocupa casi 70 páginas, sin incluir su memoria financiera, describe un largo rosario de programas de vivienda protegida cuyas vías de acceso son dispares en función de la renta y la situación familiar. Los programas aportan soluciones potenciales para las familias que quieran comprar un piso público -bien en régimen especial o general-, para las que opten por el alquiler como solución a sus problemas de residencia o para colectivos sociales significativos, como jóvenes, discapacitados u otros grupos en riesgo de exclusión social.

En general, la Junta podrá hacer dos cosas una vez se ratifique este decreto. Por un lado, canalizar todas las ayudas procedentes de Madrid -el Plan Estatal de la Vivienda, que es el que fija el marco global del juego inmobiliario- y, por otro, completarlas con su propia vía de subvenciones.

El plan autonómico permite recibir aportaciones públicas hasta un máximo de diez años para adquisición de vivienda, aunque en dos periodos de un lustro cuya renovación está sujeta a autorización de la Administración. Así, una familia cuyos ingresos anuales no superen aproximadamente los 15.507 euros tendrá derecho a una subsidiación de 250 euros al año por cada 10.000 euros del préstamo al que tengan que hacer frente. Mientras más financiación ajena se necesite más subvención se cobrará.

Las familias con los ingresos más bajos -no ganen más de una vez y media el índice de referencia de renta (Iprem)- son las que, lógicamente, más reciben, al poder ingresar ayudas por hasta 3.600 euros al año. En los casos de municipios cuyo mercado inmobiliario sea más caro -las grandes capitales o la costa- esta cifra puede crecer hasta los 5.000 euros. Una cantidad considerable si se calcula en términos de una década, el máximo permitido.

En el caso del alquiler, sobre todo el correspondiente al programa de renta básica (al que pueden acceder familias con menor nivel de ingresos), las aportaciones, junto a la financiación cualificada, consisten en una ayuda a fondo perdido de hasta el 40% del precio del alquiler durante un máximo de 25 años.

Los destinatarios de estos subsidios serán las familias con ingresos inferiores a los 9.304 euros al año, aproximadamente. Si se gana algo más, aunque por debajo de los 10.544 euros, esta cuota de subsidiación cae al 15%, aunque sin alterar el tiempo máximo de cobro. Ambos porcentajes se incrementarán en caso de que una familia de cinco miembros haya arrendado un piso superior a los 70 metros cuadrados, la media más o menos aceptada de una vivienda protegida.