Un jurado popular juzgará desde hoy y hasta el próximo 22 de noviembre en la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Granada a un auxiliar administrativo, que era el responsable para asuntos de los cementerios municipales de Salobreña y Lobres, acusado de cobrar fraudulentamente por los nichos y quedarse el dinero. La Fiscalía de Granada le atribuye inicialmente un delito continuado de fraudes y exacciones ilegales, y otro delito continuado de falsedad en documento oficial, por los que solicita para él una condena de cinco años y medio de prisión, el mismo periodo de inhabilitación para empleo o cargo público, y multa de 7.560 euros.

Según consta en el escrito de acusación provisional del Ministerio Público, el procesado ha mantenido su conducta por varios años y, en 2005, presentó una resolución por la que autorizaba la gestión de uno de los nichos a su hermana, para la ubicación en él de los restos de su esposo, permitiendo así que eludiera el pago de las tasas por ello, que habrían ascendido a 637,07 euros.

En 2008, concretamente en abril, emitió un informe con el sello del Ayuntamiento de Salobreña por el que certificaba haber recibido de una mujer la cantidad de 737 euros por la cesión de un nicho, sin tener competencia para ello, y sin que ingresara ese dinero en las arcas municipales. Actuó de igual modo en junio de ese año, percibiendo 755 euros de otra mujer, o en 2009, cuando recibió de otra usuaria 800 euros.

Asimismo, el 5 de diciembre de 2012 el procesado presentó una solicitud para inhumar los restos de un niño muerto al nacer, cuando perseguía en realidad crear "artificiosamente" una apariencia de regularidad para instrumentalizar el traslado de los restos de un hombre a un nicho, a petición de su viuda. Para llevar a cabo el traslado, el procesado, "careciendo absolutamente de competencia para la recepción de dinero en concepto de tasas municipales", cobró a la mujer 755,48 euros. Sin embargo, al tener conocimiento de la "maniobra fraudulenta", los Servicios Municipales revocaron mediante una resolución de 2012 una anterior en cuya virtud se había autorizado de manera "improcedente" la inhumación de los restos.