La falta de liquidez es una espada de Damocles que pende sobre los ayuntamientos desde que se inició la crisis económica. Es un problema con el que trabajan a diario las 169 entidades locales de la provincia. La alegría de otros tiempos contrasta en la actualidad con los escasos recursos con los que cuentan las administraciones. Hay quienes recuerdan con nostalgia las plusvalías que generaban los proyectos urbanísticos en cada uno de los municipios, operaciones que a causa de la burbuja inmobiliaria y la convulsión financiera que se comenzó a gestar en 2008, ya son historia.

A eso se suma el hecho de que el grifo de los préstamos dados por firmas bancarias está más cerrado que abierto. Los consistorios se las ven y se las desean para conseguir financiación con la que afrontar sus gastos corrientes. El pago de las nóminas del personal público o el de facturas, son algunas de las necesidades cotidianas.

Uno de los clavos al que pueden agarrarse las localidades es el anticipo que ofrece el Servicio Provincial Tributario. En 2013, este departamento dependiente de la Diputación, adelantó a las corporaciones granadinas hasta 58,6 millones de euros, un 15,9% más respecto al año anterior, cuando la institución que gobierna ahora el PP destinó a la causa 50,6 millones de euros. Justo algo más de ocho millones que ponen de manifiesto una de las principales deficiencias que presentan hoy en día de estas administraciones.

La concesión de estos anticipos es posible a cuenta de la recaudación de los tributos y otros recursos de derecho público locales, tarea que lleva a cabo la Diputación por delegación de la gran mayoría de los ayuntamientos de la provincia.

Entre los impuestos y tasas que recauda este servicio se encuentra el Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI), Impuesto de Actividades Económicas (IAE), Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica (IVTM) y el Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (IIVTNU o Plusvalía), entre otros recursos.

La finalidad de esta serie de adelantos persigue dotar de la suficiente liquidez a las tesorerías municipales. Esto les permite responder a las obligaciones de pago. Además, distribuir en el tiempo las distintas cuantías -de la forma que estimen más oportuna- para evitar descompensaciones de caja debido a la "inevitable" falta de sincronía entre los ingresos y los pagos.

El cumplimiento de la legislación sobre estabilidad presupuestaria, impulsada por el Gobierno central, ha hecho que las corporaciones estén más atentas a la sostenibilidad de sus cuentas y a dar una respuesta, más o menos rápida (dentro de los plazos exigidos), a los compromisos adquiridos con los proveedores.

Cada uno de los anticipos que puede otorgar la Diputación presentan unas condiciones específicas pactadas de común acuerdo con las localidades. Por ejemplo, del total que gestiona la institución provincial del IBI y del IAE, ésta puede adelantar a los ayuntamientos hasta el 75% de la recaudación obtenida en periodo voluntario durante el ejercicio inmediatamente anterior. En el caso del IVTM, tasas y otros recursos de derecho público, el porcentaje aumenta en cinco puntos, hasta un 80%.

De los 169 ayuntamientos con los que cuenta la provincia de Granada y que han recurrido a estos anticipos, este periódico ha tenido acceso a las cifras de nueve de ellos: Quéntar, Almuñécar, Vélez de Benaudalla, Monachil y Capileira (gobernados por el Partido Popular), Rubite, Maracena y Jun (bajo las siglas del PSOE) y Víznar (Izquierda Unida).

La localidad que más cantidad recibió por adelantado fue Almuñécar (5,9 millones de euros) seguida de Maracena (2,1 millones), Monachil (1,3 millones) y Vélez de Benaudalla (650.047 euros).

Si la clasificación se hace teniendo en cuenta la comparación entre la cuantía anticipada por la Diputación y el número de población, mayoritariamente las corporaciones gobernadas por el PP encabezan el ránking. Quéntar ingresó en caja 310,23 euros por habitante, Almuñécar 233,19 euros, Vélez de Benaudalla 224,93 euros y Monachil 178,28 euros. En el quinto puesto se encuentra Rubite, con 131,41 euros por habitante.

La solicitud de anticipos por parte de los municipios sigue siendo una constante. De hecho, en el primer trimestre de 2014, en cuanto a transferencias de este tipo se refiere la Diputación ha liberado ya 12,9 millones de euros. Esta cifra corresponde a los tributos recaudados por la institución provincial el año pasado. Si la cuantía total de este año cayera por debajo de los 58,6 millones de 2013 sería una señal positiva de cara a la recuperación.