"Es preciso señalar, antes de narrar los hechos objeto de acusación, la enorme importancia económica que el recinto monumental de la Alhambra y el Generalife tiene para la economía granadina". Así comienza el extenso escrito de acusación elaborado por el fiscal que ha intervenido en la ardua investigación judicial del presunto fraude en el control de accesos y venta de entradas al recinto nazarí, del que considera responsables a 45 personas, 38 de las cuales son trabajadores del propio monumento. Y empieza así, porque a nadie se le escapa que el castillo rojo es un importante motor del turismo que recibe la capital; una fuente de la que emana tanta riqueza como agua discurre por sus canales y acequias.

Apropiación indebida, estafa, falsedad en documento mercantil y daños al patrimonio histórico son los cuatro delitos que, a juicio del fiscal del caso, Luis Salcedo, habrían cometido de forma continuada los presuntos responsables de este supuesto engaño. El presunto fraude, que se habría prolongado durante tres años, fue investigado por el Juzgado de Instrucción 6 de la capital, que dirige el juez Miguel Ángel del Arco, y habría ocasionado al Patronato de la Alhambra y el Generalife pérdidas por "el acceso irregular" de visitantes de 3,5 millones de euros. Asimismo, habría provocado 3,1 millones de euros más en "daños materiales causados en el monumento". Es por ello que la Fiscalía reclama que todos los acusados indemnicen, de forma conjunta y solidaria, con 6,6 millones de euros al Patronato, aparte de las penas de prisión que solicita para cada uno de ellos.

De su escrito de conclusiones provisionales, hecho público ayer y al que ha tenido acceso este diario, se desprende que los acusados podrían dividirse en dos grupos, según su grado de participación y supuesto enriquecimiento ilícito. Así, por un lado, estarían los administradores y personas vinculadas a Daraxatour S.L. y Washington Irving S.L. (las dos agencias turísticas implicadas en la trama desde un principio), y por otro, empleados del recinto que, según el fiscal, habrían permitido la comisión de las irregularidades detectadas. A los primeros, el Ministerio Público les pide 9 años de prisión y multas que suman 9.000 euros, aunque plantea una calificación subsidiaria en la que reclama 6 años de prisión. A los segundos, entre los que se encuentran cuatro oficiales de segunda y 31 controladores del monumento, les pide 4 años de cárcel y 2.160 euros de multa. También en este caso propone una calificación subsidiaria, pero con la misma pena.

Para la Fiscalía, todos, absolutamente todos los acusados, serían responsables del delito de daños al patrimonio histórico, que es el ilícito por el que pide la mayor parte de las multas. Del delito de apropiación indebida y falsedad acusa a los principales acusados: diez personas en total. Estos son, por una parte, el guía Francisco C.J. (vinculado a Daraxatour); su mujer, Joaquina D.H. (socia de Daraxatour); sus hijos Belén C.D. y Francisco Javier C.D; su hermano y cuñada, Juan C.J. y Pilar A.B. (dueña de Washington Irving S.L) , y otro guía llamado Ezequiel. Por otra parte, incluye en este listado a los oficiales de primera Antonio S.O. y Francisco M.M., así como a Diego G.S., un informático del Patronato. De esos dos delitos atribuidos a estas diez personas considera al resto "cooperadores necesarios". El delito que atribuye a los 35 acusados restantes, que son todos trabajadores del recinto, es (aparte del de daños) el de apropiación indebida.

Fuentes del caso consultadas por este diario indicaron que la Junta de Andalucía, también personada en la causa, ya ha formulado su calificación provisional, sin que hayan trascendido los extremos de la misma. Lo que sí ha trascendido es que la mayoría de los acusados coinciden, "pero no todos". Cabe recordar en este punto que el juez instructor cerró la instrucción del caso con un total de 77 imputados, entre los que había también personal de la Federación de Hostelería y Turismo de Granada, empleados del BBVA (la entidad financiera que antes gestionaba la venta anticipada de billetes al monumento) y expendedores (personal de las taquillas). Para ellos la Fiscalía solicita el archivo de las actuaciones.

En la prueba que propone que se practique durante el juicio oral, la Fiscalía incluye a 66 testigos, una quincena de ellos agentes de la Policía Autonómica, que fue la que realizó la labor investigadora -una minuciosa investigación patrimonial y reveladoras escuchas telefónicas- que derivó en la detención de los principales sospechosos hace nueve años. Asimismo, propone que comparezcan los nueve autores de las numerosas periciales que se han realizado durante la instrucción, entre quienes figura el reconocido perito contable Francisco Castillo Rodríguez, autor de gran parte de los estudios (informe contable general, sobre la actuación del BBVA, sobre las entradas compradas por Daraxatour, sobre la actuación de la Federación de Hostelería…).

En lo que se refiere al 'modus operandi' de los acusados, el fiscal cree que Francisco C.J. y sus familiares, "con la finalidad de conseguir un provecho patrimonial ilícito", idearon y ejecutaron durante los años 2002 a 2005, un plan en cuya virtud el dinero entregado por sus clientes para obtener una entrada con la que acceder al monumento no era ingresado en las arcas del Patronato de la Alhambra y el Generalife a través de los sistemas reglamentariamente establecidos. Ese dinero fue, a juicio del Ministerio Público, "incorporado ilícitamente a su patrimonio", procurando los acusados, no obstante, el acceso al recinto a sus clientes a través de sus agencias. Para ello, estos acusados se habrían aprovechado de las "relaciones de amistad y profesionales" que les unían con otro guía encausado, que durante 40 años "prácticamente monopolizó la visita del turismo japonés a Granada".

En su relato, el fiscal detalla que las formas en que los acusados procuraron el acceso de sus clientes a la Alhambra fueron: "sin entrada", con una entrada comprada "pero cuyo uso no se correspondía con los datos que figuraban en ella" o con una entrada "imprimida de manera ilícita". Para poder acceder de las dos primeras maneras debían contar "con la activa participación" de los peones controladores del monumento y con la de los oficiales de primera y segunda categoría.

Para representante del Ministerio Fiscal, que cree que la empresa Restaurante Puerta de la Alhambra S.L. desempeñó un papel importante en esta "compleja trama delictiva" como forma de pago de favores, con estas acciones los acusados se colocaron "en una situación de ventaja" frente a otras agencias y guías turísticos, que se veían obligados a veces a acudir "al circuito ilegal" de venta de entradas puesto en marcha por ellos. Por otro lado, al procurar los acusados y permitir los trabajadores encausados el acceso de más turistas de los estipulados reglamentariamente como aforo diario para el buen uso y conservación del monumento nazarí, produjeron, "al no respetar la normativa que regula su acceso, daños importantes al patrimonio histórico artístico del recinto". En este punto, el fiscal considera que se ha producido "un deterioro en la calidad de la visita" y en "la imagen turística" de la Alhambra. Resalta además que en 2003, 2004 y 2005 las ocupaciones de los Palacios Nazaríes -que tienen la visita limitada- superaron en muchos casos el aforo de 700 visitantes en diversas franjas horarias, superando en más del 50% el aforo establecido. También destaca que en ese período los gastos de mantenimiento aumentaron, pese a que se registró una disminución en el número de visitantes.