El Sindicato Andaluz de Trabajadores (SAT) consideró "desproporcionada" y centrada en "intereses políticos" la petición de penas por parte de la Fiscalía por el ultraje a la bandera nacional. Un hecho que tuvo lugar durante una protesta en Granada el día en que el rey Juan Carlos I anunció su abdicación.

El Ministerio Público ha solicitado una multa de 1.440 euros para dos de los acusados del delito de ultraje a la bandera y ha pedido dos años de cárcel para otro tercer acusado además de incendiarla. Ante esta petición, el SAT mostró ayer su rechazo a la que considera una "persecución" al sindicato, ya que entiende que los datos usados para imputar e identificar a los compañeros acusados se han canalizado a través de las que ha denominado "listas negras" de activistas sociales que maneja la Policía Nacional.

Según el colectivo, esta persecución no sólo ha sido contra sus afiliados sino que se ha extendido a sus abogados, a los que se ha intentado también "criminalizar" por su militancia. El SAT aclaró que se ha imputado a sus compañeros una acción que ellos no hicieron y recordó que, en un vídeo, puede verse que fue una persona "no identificada todavía" quien quitó la bandera monárquica.