El secretario general y portavoz de la Conferencia Episcopal Española, José María Gil Tamayo, aseguró ayer a las familias españolas que "pueden estar muy tranquilas" al dejar a sus hijos en la Iglesia porque han hecho suya la carta del Papa Francisco en la que les pide que no prioricen el deseo de evitar un escándalo ante los casos de abusos a menores.

Gil Tamayo dio a conocer un protocolo que la CEE envió a los obispos en 2010 para actuar ante los casos de abusos sexuales. En este documento se establece que cuando una autoridad eclesiástica tiene conocimiento de un delito contra la integridad sexual bajo secreto de confesión, "no existe encubrimiento ni infracción legal" al no denunciarlo. En este sentido, precisó Europa Press que en caso de que un sacerdote revelara el secreto de confesión sería ex comulgado. Lo que sí puede hacer durante la confesión este sacerdote es sugerir a la persona que se está confesando que acuda a la Policía. Además, precisó que tampoco tienen obligación de declarar como testigos en procesos civiles o penales respecto de hechos de los que hayan tenido conocimiento durante el ejercicio ministerial, un principio de derecho que, según añadió se reconoce a todas las confesiones en España.

Gil Tamayo indicó que los fieles tienen derecho a "una ejemplaridad pública" por parte de los miembros de la Iglesia pero precisó que en sus casi 23.000 parroquias, con sus 19.000 sacerdotes, 1.321 seminaristas, 860 monasterios y más de 46.000 religiosos, tienen su "cuota de debilidad pero no todo el pecado del universo".

Sobre el caso de Granada, puntualizó que no puede pronunciarse sobre la actuación del arzobispo porque el caso está sub judice, pero insistió en "la tolerancia cero, la colaboración con la justicia y la cercanía a las víctimas".

En cuanto al proyecto de Ley de Protección de la Infancia que podría establecer que catequistas y sacerdotes que trabajan con menores deban presentar un certificado de antecedentes penales, Gil Tamayo afirmó que estarían atentos a la norma para que el Estado no se convierta en un "legislador eclesiástico". "Observaríamos la ley, estaríamos atentos para que no haya intromisión y que el Estado no se convierta en un legislador eclesiástico, como el Estado tiene que estar atento para que la Iglesia no dicte las leyes, y no queremos hacerlo. Nunca va a haber esa tentación por nuestra parte", subrayó. Según recordó, hay miles de catequistas en España y cada año se celebran más de 245.000 comuniones con su proceso catequético.