La historia de Manuel Prieto conmueve tanto como él mismo, y más aún si se piensa que representa el capítulo más halagüeño de la larga serie de los vecinos de la Casa del Aire: un contrato indefinido de arrendamiento lo ha salvado hasta la fecha del desahucio, pero lo mantiene confinado en una infravivienda.

Con 420 de ayuda social por prejubilación, a sus 60 años Prieto reside sólo en un bloque abandonado a su suerte en el que antaño vivían una quincena de vecinos. Su pasión por el Real Madrid le sirve para sobrellevar la dureza de sus condiciones de vida, pues los numerosos pósteres de su equipo tapan desconchones, grietas y demás desperfectos causados por el paso del tiempo y la falta de mantenimiento.

Su hogar ocupa el bajo de la conocida como Casa del Aire, un edificio del siglo XVII situado en la calle Zenete convertido en los últimos años en un símbolo de la lucha contra la especulación urbanística en la zona baja del Albaicín, un barrio de Granada declarado Patrimonio de la Humanidad por la Unesco pero en el que muchas viviendas se encuentran en pésimo estado. Él paga religiosamente los 100 euros del alquiler de renta antigua pero en su casa además de desconchones y grietas, hay humedades e incluso la entrada está apuntalada y se observan daños estructurales.

"Me siento condenado a la soledad", comentaba ayer Prieto en un encuentro con periodistas, a los que mostró cómo es su día a día y relató su lucha por defender sus derechos como inquilino frente a los actuales propietarios, una empresa que hace años adquirió el edificio, la inmobiliaria Edivara.

A pesar de la soledad del inmueble, en el que hace décadas compartía zonas comunes con una quincena de vecinos, sigue contactando con el apoyo de muchos de ellos, como Clara Martínez, que ha presentado recientemente una instancia en el Registro del Ayuntamiento para pedir que se actúe de forma subsidiaria en la residencia de Prieto.

Ella fue la última desalojada de una casa en la que ahora reina el silencio e incluso la oscuridad, y en la que el vecino, por las noches, se ve obligado a utilizar una linterna para poder moverse por el rellano y las escaleras.

Prieto también está respaldado por el colectivo Solidarios con la Casa del Aire, surgido para apoyar a los vecinos que se vieron obligados antes a dejar sus casas. La única diferencia de él respecto a otros como Clara Martínez, la última en ser desalojada por la Policía en 2011, es que su contrato es indefinido. Juan Médela, portavoz del colectivo, denunciaba ayer el completo estado de abandono por parte de los propietarios del edificio, lo que ha motivado que la Gerencia Municipal de Urbanismo haya decretado incluso el incumplimiento del deber de mantenimiento.

El inmueble, que fue protagonista además de la primera querella por acoso inmobiliario de Andalucía, está a la espera de una serie de obras urgentes que, según expusieron, deberían acometer los dueños para asegurar la condiciones de habitabilidad.

Según Médela, la única forma que tendrían los actuales propietarios de la finca para conseguir "echar" de su casa a Manuel, sería lograr la declaración del estado ruinoso del edificio. "Llevan hasta cuatro requerimientos y no sé si han pagado pero no han hecho obras", comentaba ayer Clara Martínez.

"Yo quiero seguir viviendo a aquí, soy del barrio y no me quiero ir", señalaba Manuel, que lleva desde los años 80 residiendo en el inmueble y que dice sentirse "acosado" por la situación, por la que Solidarios con la Casa del Aire junto con el grupo Stop Desahucios-PAH tienen previsto concentrarse este próximo jueves 21 de mayo a las 11:00 horas frente al Ayuntamiento de Granada.

El relato tanto de Prieto como el de los colectivos que lo apoyan contrasta en cambio con el de la empresa propietaria del inmueble, que asegura no contar con la financiación para poder acometer el arreglo con los 100 euros de renta. La agencia inmobiliaria niega haber hostigado al inquilino, asegura que su actuación se limitó a hacer valer sus derechos frente a los okupas que vivía de forma ilegal y lamenta que "Prieto utilice los medios para sus quejas y no lo tribunales".