Las denuncias por fraude en la escolarización siguen siendo una de las tareas habituales de la Policía Autonómica durante los meses de verano. Aunque se ha producido un leve descenso respecto al año anterior, los agentes han tenido que atender 77 denuncias de familias que alertan sobre posibles engaños por otros padres para que les sea asignada una plaza escolar.

Durante la campaña habitual de este tipo de investigaciones (entre julio y agosto de cada año), en 2014 se atendieron 80 denuncias. Este año la Policía ha hecho frente a un número similar, 77, aunque es indicativo del paulatino descenso que va experimentando este problema. En los años de mayor conflicto, algunas familias han contratado hasta detectives para demostrar que otros padres habían introducido datos falsos para conseguir plaza en un colegio. El cambio de criterios en la baremación y una mayor penalización por los engaños ha provocado una leve caída, aunque los fraudes se siguen denunciando cada año.

El inicio de curso está a la vuelta de la esquina. Antes de las vacaciones la mayoría de las familias granadinas con hijos en edad de escolarización se marcharon dejando bien cerrado el regreso de los menores a las aulas, especialmente de aquellos que entran por primera vez en el colegio a la edad de tres años. Sin embargo, algunos padres puede que tengan que cambiar los planes a raíz de las denuncias presentadas por datos falsos en el proceso para conseguir plaza en un centro educativo sostenido con fondos públicos.

Las denuncias de las familias que resultan perjudicadas se dirigen inicialmente a la Delegación de Educación, que a su vez remite estos expedientes a la unidad adscrita de la Policía Nacional a la Junta (más conocida como Policía Autonómica), que se encarga de verificar los supuestos engaños. Las denuncias proceden de familias que se han quedado sin plaza para sus hijos en el colegio que eligieron como primera opción durante la escolarización y se centran fundamentalmente en los datos del domicilio familiar, que otorga bastante puntos en caso de que no haya puestos suficientes para la demanda recibida en los centros educativos.

Los agentes de la Policía Autonómica que realizan esta función en Granada se desplazan hasta las viviendas que se aportaron como residencia habitual de los menores. Una vez allí, su trabajo consiste en hacer indagaciones tanto entre los propios moradores de las viviendas como entre los vecinos y posibles testigos. Si los habitantes de la casa dan su permiso, los agentes entran al domicilio y buscan rastros de los niños, si tienen un dormitorio, si hay ropa de ellos...

En algunas ocasiones, tal y como informó la propia Policía Autonómica, no encuentran a nadie en las viviendas, a las que los agentes suelen acudir hasta tres veces diferentes. La investigación en meses de verano es un factor en contra pues es habitual la ausencia de los domicilios. Cuando esto ocurre, los agentes indagan en los buzones y entre los vecinos. Finalmente elaboran un informe que transmiten a la Delegación de Educación y es ésta la que toma la decisión final sobre la plaza de escolarización en concreto.