César M.C. y Víctor F.P., principales acusados en el caso del fraude del oro, en el que más de 200 inversores granadinos resultaron perjudicados en 2006, aceptaron ayer cumplir penas de 5 años y 3 años y medio de cárcel, respectivamente, como autores de un delito de estafa continuada.

El comienzo del juicio estaba previsto ayer en Audiencia Provincial de Granada, pero no fue necesaria la práctica de la prueba debido al acuerdo alcanzado al inicio de la vista por los abogados de las acusaciones particulares, las defensas y la Fiscalía.

En virtud de ese acuerdo, la representante del Ministerio Fiscal modificó sus conclusiones provisionales de forma que eliminó uno de los dos delitos que inicialmente imputaba a los acusados: el delito de falsedad en documento oficial. Junto a ello retiró la acusación con respecto a Hugo F.R., y dejó a la novia y hermana de los principales acusados sólo como responsables civiles "a título lucrativo", al entender "que resultaron beneficiadas económicamente" en este fraude.

Además de la pena privativa de libertad, César M.C. y Víctor F.P. aceptaron pagar una multa de 1.440 euros (ocho meses a una cuota diario de 6 euros), según los extremos del acuerdo, que fueron leídos en la sala y que serán recogidos en una sentencia que las partes se comprometieron ayer a no recurrir.

Algunos de los abogados de los perjudicados explicaron a este diario que la cifra de afectados podría ser mayor, pues sospechan que hay personas que invirtieron dinero y no llegaron a denunciar. Esos letrados estiman que la cantidad estafada, por tanto, podría ser muy superior, si bien los peritos la cifraron en 1,5 millones de euros. Del dinero, según afirmaron, no se ha recuperado nada.

Los referidos abogados anunciaron además que sus clientes piensan iniciar ahora "acciones legales" contra las entidades bancarias a través de las que se realizaron las operaciones financieras, a fin de intentar recuperar las sumas invertidas, que al menos en el caso de dos particulares superaron los 200.000 euros. Esos afectados alegarán en sus demandas "una posible vulneración de la normativa existente para la prevención del blanqueo de capitales".

Los cambios introducidos por la Fiscalía también afectaron al relato de los hechos ocurridos y conllevaron a la supresión de varios párrafos del escrito de acusación inicial. El juicio se había señalado para este mes después de que fuera suspendido el pasado mes de junio ante la posibilidad de llegar al acuerdo finalmente pactado.

Esta estafa piramidal ocurrió hace nueve años, siendo los principales acusados César M.C. y Víctor F.P. como representantes y administradores únicos de las empresas que prometieron a las víctimas cuantiosos beneficios si invertían en la compraventa de oro electrónico. Ambos se enfrentaban inicialmente a una petición fiscal de ocho años de prisión. Los tres acusados restantes, Eva M.M., Fátima G.P. y Hugo F.R., eran empleados de esas empresas, Beaver Financial Corporation S.L. y Granadahouse Consulting y se enfrentaban a 6 años de prisión.

En su relato inicial de los hechos, la Fiscalía sostenía que los acusados César M.C. y Víctor F.P. actuaron "dando apariencia de legalidad a sus operaciones mediante la inscripción de sus sociedades en el Registro Mercantil y la apertura de oficina y contratación de personal". Una vez creadas las empresas captaron a clientes "con ánimo de obtener un ilícito beneficio patrimonial, y a sabiendas de que el capital invertido nunca iba a ser destinado al fin previsto".

Así, "de manera reiterada en el tiempo, desde enero de 2006 y hasta diciembre de 2007, suscribieron contratos privados de intermediación financiera en la localidad de Granada cuyo objeto era la entrega por parte de los clientes de capital para la adquisición de oro y metales preciosos en el mercado de Londres, para su posterior alquiler o venta a entidades que necesitaran acreditar su solvencia o avalar operaciones".