El exalcalde de Granada, José Torres Hurtado (PP), declarará el próximo 29 de septiembre ante el Juzgado de Instrucción 9 de Granada en el marco de la investigación abierta por posible prevaricación y otros delitos relacionados con la adjudicación de la Casa Ágreda, un inmueble del siglo XVI situado en el Albaicín, a la Federación de Agencias Internacionales para el Desarrollo (AIDE).

El exregidor prestará declaración ante el magistrado José Luis Ruiz Martínez a partir de las diez abriendo así una ronda de declaraciones en la que le seguirá la ex edil de Urbanismo Isabel Nieto.

Nieto prestará declaración ante el instructor el 30 de septiembre, también a las diez de la mañana, en el marco de las diligencias que ha ordenado practicar el Juzgado tras admitir a trámite la denuncia que presentó la Fiscalía contra siete personas por posibles delitos de tráfico de influencias, prevaricación administrativa o malversación de caudales públicos.

Entre estas personas se encuentra también el director técnico de obras municipales en el momento en el que se fraguó la operación, Manuel Lorente, que prestará declaración el 5 de octubre a la misma hora; y otro funcionario cuya declaración está prevista para el día siguiente. El representante de la ONG marroquí a la que se adjudicó la Casa Ágreda hará lo propio el 10 de octubre, según han precisado las mismas fuentes.

Esta nueva investigación se suma a la de la Operación Nazarí, que supuso el arresto del exalcalde y de la edil por supuesta corrupción en la cúpula de Urbanismo y que derivó en su dimisión el pasado mes de abril. El caso de la Casa Ágreda fue puesto en conocimiento del Ministerio Público a finales del pasado año, tras la denuncia que presentaron el entonces portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Granada, Francisco Cuenca -hoy alcalde-, la portavoz de Vamos Granada, Marta Gutiérrez, y el portavoz de IU, Francisco Puentedura, quienes acusaban al equipo de gobierno del PP de haber "enajenado" un bien de interés cultural tasado en más de cuatro millones de euros por un precio "que apenas alcanzaba" el valor del suelo en el que se sitúa. Tras la denuncia -a la que después se sumó la de un empresario-, la Fiscalía abrió diligencias el pasado 2 de diciembre.