No corren buenos tiempos para la inversión pública. Ninguna administración tiene las arcas llenas para invertir, y la falta de estabilidad política durante los diez últimos meses no ha facilitado que el dinero y los proyectos fluyan. Pero, además, los constructores granadinos cargaron ayer contra una de las administraciones que tradicionalmente ha sido un "motor" de la obra pública: la Diputación. La Asociación de Constructores y Promotores (ACP) de Granada acusó ayer al organismo provincial de "estrangular" a las empresas del sector por la no ejecución de 22 millones de euros de partidas incluidas en el presupuesto y la tardía aprobación de los Planes Provinciales de Obras y Servicios. Esto, según la asociación, ha provocado "una grave crisis" en las compañías y "la pérdida de 1.500 puestos de trabajo", ya que las empresas se han visto "obligadas" a despedir a parte de sus plantillas ante la falta de trabajo.

"El plan provincial de obras de Diputación debía estar listo y aprobado a principios de año para poder ejecutarlo antes de comienzo de 2017. La tardanza en la aprobación del plan provoca que 2016 sea un año sin obra, con el consecuente perjuicio para el empleo y el tejido productivo provincial", aseguró ayer la ACP, señalando que la Diputación "no ha sido capaz de completar su propio entramado burocrático hasta final de octubre", lo que ha provocado que la escasa inversión aprobada se ejecute a lo largo de dos ejercicios, pese a que está presupuestada para este 2016 que está a punto de finalizar.

Para los constructores, además, la situación se ha visto agravada por la "mal llamada" recuperación de la gestión por parte de los distintos ayuntamientos. Se trata, según la ACP, de una decisión "no compartida" con el sector, ya que implica "que se liciten y adjudiquen obras con criterios diferentes, vaciando de contenido los servicios técnicos de la Diputación. "Esta situación entraña un grave riesgo para la propia Diputación, ya que dificulta la gestión, las obras pierden calidad, obstaculiza la transparencia y perjudica la profesionalidad de las empresas del sector".

En lugar de dejar estas decisiones en manos de cada ayuntamiento, la ACP apuesta por que la Diputación garantice la igualdad de oportunidades de las empresas, publicando en el perfil del contratante todas las licitaciones de obra y elaborando un pliego de condiciones único "que mejore la objetividad de cada proceso de licitación que lleven a cabo los ayuntamientos". Además, los constructores apuntan que para garantizar que las obras se ejecuten de forma correcta la Diputación tiene que incluir requisitos de solvencia técnica de las empresas en el pliego de licitación, haciendo de la misma un denominador común de calidad, "que garantice obras ejecutadas en plazo y unos estándares mínimos de calidad".

Estas reivindicaciones que manifestaron ayer públicamente ya han sido expuestas por los constructores a la Diputación, "sin que la opinión del sector haya sido tenida en cuenta". De ahí que la ACP advirtiera de que ahora redoblará los esfuerzos para "vigilar" el desarrollo del plan y "denunciar posibles anomalías".

La Diputación no tardó ayer en reaccionar a las duras acusaciones de los constructores, defendiendo el cambio de gestión de los Planes Provinciales de Obras y Servicios. El diputado provincial de Obras y Vivienda, José María Villegas, aseguró que la reforma permitirá que todas las empresas puedan presentar ofertas "en condiciones de igualdad" y e incidirá en la "generación de empleo local".

"Es un grave error pensar que este cambio de gestión va a suponer un perjuicio a la generación de empleo y riqueza en la provincia", lamentó el diputado, denunciando las "incomprensibles" maneras de la ACP. También lamentó el fondo de su denuncia pública, que denota, a su entender, "un profundo desconocimiento del funcionamiento y de la gestión" de la institución provincial.

"Nosotros no estamos para defender los intereses de las grandes empresas sino para atender, en primer lugar y ante todo, las necesidades de los vecinos que viven en los municipios de la provincia, fundamentalmente a los de menos de 20.000 habitantes", indicó el diputado de Obras, quien precisó que "los legítimos representantes de estos vecinos son sus alcaldes y, por tanto, hay que entender que son ellos quienes tienen más interés que nadie en que las obras se ejecuten de forma correcta y que atiendan a su objetivo último, que es dotar de infraestructuras de calidad a la población de sus municipios".

Villegas recordó que serán los alcaldes los que decidan cómo se va a ejecutar el plan de obras que es un plan bianual y se acaba de aprobar. "Las grandes empresas, por supuesto, también van a tener opción de ofertar para esos proyectos, en igualdad de condiciones que las empresas que conforman el tejido productivo local".

Según el diputado de Obras Públicas y Vivienda, los Planes de Obras y Servicios van a incidir en la generación de empleo, sobre todo, empleo local, independientemente de que esas obras las ejecuten empresas de ámbito local, provincial o supraprovincial, ya que no va a haber intermediarios y la subcontratación "quedará muy reducida".

Además, Villegas aseguró que es "falso" que el presupuesto no se esté ejecutando y que no se hagan inversiones, apuntando que la Diputación tiene actualmente en fase de contratación, y algunas ya en ejecución, una veintena de obras incluidas en el Plan de Carreteras 2016, que suponen una inversión de 9,5 millones de euros. "Se trata de la mayor inversión que se ha hecho con recursos propios en la red provincial en la historia".