El juzgado de lo Penal 3 de Granada ha condenado a un año de cárcel al dueño de los tres perros pit bull que en enero de 2007 mataron a dentelladas a un hombre de 78 años, a cuya familia deberá además indemnizar con 99.185 euros.

La sentencia, contra la que cabe recurso de apelación, atribuye a Juan M.P. la autoría de un delito de imprudencia grave con resultado de muerte al considerar "plenamente acreditado" que fueron sus tres perros pit bull los que atacaron al fallecido, y que, en la custodia de los animales, no adoptó las cautelas "exigidas y exigibles".

Según el fallo, al que ha tenido acceso Efe, la víctima fue atacada y agredida por los canes cuando podaba ramas de olivo en su finca de Pinos Puente, contigua a la del acusado, de donde los perros, que estaban sueltos y sin bozal, se habían escapado.

Debido a las mordeduras, el hombre sufrió traumatismos y fracturas en brazos y piernas que le causaron finalmente la muerte.

El juez explica que si bien la finca del acusado estaba cercada en todo el perímetro con una valla metálica de 1,95 metros de altura rematada con alambre de espino, en su linde sur, contigua a la del fallecido, estaba levantada debido a una oquedad.

Aunque el acusado dispuso una valla metálica de tres metros de longitud que por uno de sus extremos ató con cuerda a uno de los tubos de metal que sujetan la valla, esta medida resultó "insuficiente e inservible", ya que los perros pudieron salir al exterior y adentrarse en la finca contigua, la del fallecido.

Los perros estaban sin vacunar, sin seguro obligatorio de responsabilidad civil y sin licencia reglamentaria para su tenencia.

El juez considera "plenamente acreditado" que fueron esos tres perros los causantes de la muerte por pruebas como los restos de sangre de la víctima hallados en el pelaje de los animales o por el informe del departamento de Antropología, que certificó que las huellas dentales localizadas en el cuerpo del agredido se correspondían con las dentaduras de los tres animales.

Además, rechaza que los hechos sean constitutivos de una falta de lesiones imprudentes, como subsidiariamente pedía la defensa, al entender que "la ausencia de las cautelas exigidas y exigibles para prevenir cualquier daño a terceros" suponen una imprudencia grave.

Los testimonios de los vecinos, que aludieron durante el juicio a la agresividad de estos tres pit bull, a sus continuas fugas y a la ausencia de control sobre ellos, fueron "reveladores de la grave imprudencia" que concurre en el acusado, según la sentencia, para quien lo ocurrido no fue fortuito ni un hecho aislado.

El juez alude además a las "malas relaciones" que existían entre el acusado y la víctima debido precisamente a los canes, lo que motivó un intercambio de denuncias en 2002 por una pelea entre el perro de una hija de la víctima y los pit bull en cuestión.