La nueva Ley de Ciencia está ya más cerca de ver la luz. Con el visto bueno que dio ayer el Consejo de Ministros al anteproyecto que ha diseñado (durante dos años) el Gabinete de Cristina Garmendia, se vislumbra un cambio en el modelo de carrera científica que impera desde hace 25 años. A pesar de que la mayor parte de los agentes sociales han calificado de "tímida" la normativa, la nueva Ley de Ciencia aspira a reformar todo el sistema español de I+D y, si no surge ningún imprevisto, que entre en vigor antes de finales de año.

El borrador sobre el que se trabaja propone dos cambios sustanciales: la sustitución de las becas para la investigación por contratos laborales y la creación de una Agencia Estatal de Investigación que gestione de manera más eficaz la ciencia y la tecnología, sea cual sea el color político del Gobierno.

El borrador (el segundo que plantea este Ministerio de Innovación) propone una nueva carrera científica que posibilita a las personas que empiecen a realizar su tesis doctoral tener un contrato laboral y, por tanto, un reconocimiento de la profesionalidad del trabajo que desempeñe. Eso sí, los contratados van a cobrar lo mismo y tendrán la misma prestación que reciben ahora. Pero los proyectos no tendrán que viajar de unas manos a otras para su aprobación. La nueva Ley de Ciencia adapta el sistema a las nuevas competencias autonómicas y europeas con la creación de un órgano que se encarga de su gestión: la Agencia Estatal de Investigación, que aliviará la burocracia.

"En 2011, la investigación pública se comenzará a hacer por contrato laboral y su financiación correrá a cargo de agencias independientes del poder político", matiza el secretario de Estado de investigación, Felipe Pétriz. Hasta cuatro modalidades de contratos se detallan en el artículo 19 del nuevo borrador: un contrato predoctoral, otro indefinido de acceso al Sistema Español de Ciencia y Tecnología (postdoctoral), un contrato de investigador distinguido y otro para la realización de proyectos específicos. Son la gran baza con la que se pretende retener a los mejores talentos españoles y atraer a los extranjeros.

Según el Vicerrectorado de Investigación de la Universidad de Granada, en esta institución hay 647 investigadores que se engloban dentro del Estatuto de Personal Investigador en Formación (EPIF) con diferentes modalidades: 309 FPU (Formación de Profesorado Universitario), 99 FPI (Formación de Personal Investigador), 125 en Proyectos de Excelencia de la Consejería de innovación, 75 en áreas (docentes) deficitarias y 39 del Plan Propio de Investigación de la UGR. Todos se rigen por el sistema tradicional (que data de 1986) según el cual están dos años con beca y dos con contrato temporal.

Aunque esta cifra no engloba a la totalidad de los becarios. "Es complicado señalar cuántos becarios hay actualmente en España, pues muchos de ellos trabajan gratis a la espera de que se resuelvan las convocatorias", dice Nadia Martínez, de la Federación de Jóvenes Investigadores/Precarios (FJI). La nueva Ley de Ciencia aspira a acabar con esta precariedad y contratar, desde el primer momento a todo aquel que investigue.

La convocatoria actual de becas, que se resuelven en junio, será la última bajo el sistema antiguo. En la próxima oferta se reflejará el cambio que ahora se propone y a partir de 2011 todas las convocatorias anotarán lo que dice la nueva ley que no tendrá carácter retroactivo. El coste de esta transformación se ha estimado en 16 millones de euros, porque contempla un 30% menos en la cotización a la Seguridad Social, que ayudará a minimizar el gasto.