NO hay impuestos sin representación. En este viejo principio del liberalismo anglosajón se basa la democracia moderna. Con este lema, los patriotas americanos de las Trece Colonias dejaron claro al rey Jorge III que no aceptaban los impuestos decretados por su ministro Townshend ya que, al carecer de autorización parlamentaria, contravenían el principio de legalidad instaurado en la Carta Magna de 1215.

La capacidad recaudatoria de cualquier gobierno procede, única y exclusivamente, de la libre cesión de soberanía que realizan los ciudadanos al ejercer su derecho al voto. En democracia, los ciudadanos libres contribuyen al gasto común, no son súbditos a quienes se les imponen cargas. Gobernar no es más que decidir en qué se van a emplear los recursos obtenidos y un buen gobernante es quien consigue mejorar las condiciones de vida de sus conciudadanos al menor coste. Por esa razón, la aprobación del presupuesto es la piedra angular de la democracia y por idéntico motivo la función principal de las minorías electas es controlar la exacta ejecución del mismo y actuar de contrapeso del gobierno como garantes de la legalidad.

El elevado endeudamiento público es uno de los mayores obstáculos para nuestro desarrollo social y económico. Por tanto, parece lógico que el ahorro y la reducción del gasto inquieten a nuestros gobernantes. Distinto es que acierten en la elección de la partida concreta a eliminar. Una de las propuestas más aplaudidas socialmente parece ser la reducción de parlamentarios y concejales. Si tenemos en cuenta la deficiente valoración que de nuestros políticos nos ofrecen las encuestas, no resulta extraña tanta aceptación.

Si lo analizamos con detalle vemos que la propuesta es demagógica y constituye un error mayúsculo. Reducir la representación es degenerar la democracia. Si merman nuestros representantes sólo conseguiremos que se restrinjan las opiniones presentes en los foros de decisión y obligaremos a miles de ciudadanos a elegir entre el voto útil o la abstención, o sencillamente, los expulsaremos del sistema.

Sin duda, sería mucho más eficiente eliminar el gasto en asesores y similares que carecen de la legitimidad del voto. Si se elige a los mejores, ¿para qué necesitan asesores? Sobre todo, cuando la captación de personal en nuestra administración se realiza mediante oposiciones que deben garantizar su independencia.

No somos una sociedad abierta, necesitamos más participación ciudadana y menos partitocracia. En nuestro sistema electoral votamos sin saber quiénes son muchos de los que componen esas listas cerradas y bloqueadas que, parafraseando a Forrest Gump, recuerdan a una caja de bombones, ya que nunca sabes qué te vas a encontrar.