"El Municipio es una célula en torno a la que fue tejiéndose toda nuestra historia política (…) La época en que los municipios alcanzaron su mayor poderío por el afianzamiento y desarrollo de las libertades locales, es también la de mayor robustez de la vida nacional, en que ésta se desenvuelve más espontánea, más segura de sí misma, sobre bases más sólidas." (Manuel Azaña, Presidente de la II República).

DESDE la antigüedad, tanto en Europa como en España, el progreso social ha estado asociado al esplendor de la vida urbana y al consiguiente florecimiento municipal.

El municipio moderno tiene su origen en la Constitución de 1812. Los Alcaldes del siglo XXI son los herederos de aquellos dirigentes vecinales de hace dos siglos que más que políticos eran funcionarios o jueces, en tanto que tenían como misión el mantenimiento del orden público en su municipio, así como el procurar la buena convivencia entre vecinos.

La realidad político-social que constituyó el caciquismo de finales del XIX y principios del XX marca el municipalismo de la época. El cacique local tenía línea directa con los diputados a Cortes y con el Jefe político de la provincia y éste, a su vez, con el Ministro de la Gobernación. Sólo los cercanos a este círculo de poder e intereses resultaban agraciados con cargos municipales o con prebendas en sus negocios

Con la Constitución republicana de 1931, se reconoce la autonomía de los municipios para la realización de sus fines. El Alcalde era entonces el representante del Estado en el Municipio, y era elegido bien por los concejales o directamente por el pueblo.

La Dictadura del General Franco acabó con todo vestigio de democracia municipal. El cargo era entonces obligatorio e indefinido en el tiempo, y el Alcalde era nombrado bien por el Ministro de la Gobernación o por el Gobernador Civil, según la importancia del municipio.

La Constitución vigente, la de 1978, proclama y garantiza la autonomía municipal en su artículo 140. Así, los Ayuntamientos se han convertido en una pieza clave en el bienestar ciudadano, extendiendo y mejorando los servicios básicos clásicos (agua, limpieza, alumbrado, etc.), y proporcionando una multitud de nuevos servicios directamente relacionados con la calidad de vida (deportivos, culturales, sociales, educativos, etc.).

Por su parte, la Carta Europea de Autonomía Local, firmada y ratificada por España y, por tanto, vigente en nuestro país, establece unos principios básicos para los Ayuntamientos europeos. Dispone que los Ayuntamientos son uno de los principales fundamentos en un régimen democrático, representando la democracia y la descentralización del poder.

Actualmente existen en nuestro país algo más de 8.000 municipios (en Granada 168), la mayoría de ellos de menos de 5.000 habitantes. Municipios que gozan de autonomía para la gestión de sus propios intereses, mediante normas y órganos de gobierno propios. Actualmente, los Ayuntamientos gestionan el 13,1% del gasto público en nuestro país (la Administración Central, el 53% y las Comunidades Autónomas el 33,9%).

Como ha puesto de relieve la doctrina municipalista, el Municipio es un verdadero micro-Estado, que posee todas las funciones y atribuciones reconocidas al Estado Nacional, salvo las de Justicia y Asuntos Exteriores. En otro aspecto, los Ayuntamientos son una verdadera escuela de democracia, dado que, por definición, existen en función de su decidida voluntad de participación de los vecinos en la gestión de sus propios asuntos e intereses.

Durante décadas se ha venido debatiendo, entre la Administración Central, las Comunidades Autónomas y los Ayuntamientos, la vieja aspiración de éstos de llegar a lo que se llamó el Pacto Local, que clarificara el insuficiente e inconcreto ámbito competencial de la Administración Local, con la consiguiente mejora de la financiación de los entes locales; planteándose a la vez la oportunidad de revisar el funcionamiento institucional del sistema, impulsando el ámbito de acción de los gobiernos Locales, para reforzar así la autonomía local. Fracasó el loable propósito, y la responsabilidad hay que atribuírsela en gran medida a las Comunidades Autónomas que siempre se mostraron extrañamente conservadoras en esta materia, revelando escaso interés en la consolidación del pacto local. Hoy, la Hacienda Municipal está en quiebra, principalmente por la indudable falta de financiación (a pesar de que los impuestos y tasa municipales han subido desproporcionadamente en los últimos años), pero también debido al injustificable despilfarro en el gasto público.

Fracasado el Pacto Local, el Gobierno, al socaire de la gravísima crisis económica (estafa la llamamos otros), ha abordado la necesaria reforma de la Administración Pública, empezando precisamente por los Ayuntamientos, con el objetivo básico, -dicen- de clarificar sus competencias y racionalizar el gasto. Sin embargo, tengo la impresión de que lo que realmente se pretende es controlar desde el Gobierno de la Nación a las Corporaciones Locales, tanto política como económicamente.

El tiempo lo dirá. La reforma es sólo un proyecto y queda mucho recorrido hasta que se convierta en Ley. Pero se impone andar con mucho tiento en esta materia, ya que el Municipio es la célula democrática por excelencia y la Administración más cercana al ciudadano. Mucho cuidado con los Ayuntamientos.