HA causado alboroto el Informe que estima el peso de la economía sumergida en un cuarto del PIB. ¿Nadie recuerda que antes de la crisis suponía un veinte por ciento? Aquella cifra graba en mármol la ineficiencia de nuestros gobiernos en la lucha contra el fraude fiscal y la corrupción rampante que asoló España paseando maletines repletos de billetes.

Hagamos números. El hampa no declara sus negocios. Por eso y no por sus asesinatos, acabó Al Capone en Alcatraz. Así que si deducimos el delito común, los defraudadores recalcitrantes y el gran fraude basado en sociedades pantalla, caros asesores y paraísos fiscales, que también es delincuencia, concluimos que la crisis ha incrementado en cinco puntos la economía sumergida. Y parece que el gran problema nacional, el ingente déficit público, va a ser responsabilidad de quien se saca cien euros con alguna chapuza, cuida enfermos o limpia casas y no lo declara.

La economía sumergida, como el mercado negro, no son sino medios de defensa del ciudadano ante un estado ineficiente y depredador. En la posguerra, el gobierno obligaba a vender bajo coste y para poder sobrevivir apareció el estraperlo. Es la necesidad la que sumerge la actividad económica. A nadie le resulta rentable trabajar en la ilegalidad, sin seguridad social, ni posibilidad de ahorrar o pagar los recibos por el banco. Obviar la ley supone graves costes para una pyme o un autónomo; vende menos, no puede publicitarse y buscar negocio, pierde el acceso al crédito, sea bancario o comercial y vive siempre con la espada de Damocles de la inspección sobre su cabeza. Si los márgenes se estrechan y suben los impuestos, la supervivencia es imposible y no queda más remedio que ocultarse fiscalmente. Es el gobierno quien obliga a las empresas a sumergirse y quien las anima a emerger cuando las condiciones administrativas y tributarias son mínimamente adecuadas.

No es cuestión de idiosincrasia. Defraudadores hay en todo lugar. Al fisco de la exigente Alemania, ejemplo de virtudes cívicas según su estricta Canciller, le distraen una décima parte de su riqueza. Ante una presión fiscal asfixiante, la prioridad del ciudadano es su familia, no el estado. Si añadimos la impunidad de los poderosos y el despilfarro gubernamental de nuestro dinero, a nadie le extraña la cifra. La receta para enmendar este asunto es fácil: mejor gestión pública, más inspección y menos impuestos.