CON la lluvia devastadora que hace demasiado tiempo nos viene cayendo encima a los españolitos en forma de la corrupción desmedida de altos dirigentes políticos, sindicales, bancarios, empresariales de todos los colores y procedencia, nos tiene que llenar de consuelo que, al menos, se reconozca que las leyes y el aparato vigilante está pensado más para el 'robagallinas' que para el gran defraudador. Lo ha dicho Carlos Lesmes, presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial. Hemos llegado a una situación en la que pocos están libres de pecado para tirar la primera piedra, entendiendo esta cita bíblica en el sentido figurado, no en lapidar físicamente a la gente, como hacen, hoy, los yihadistas que han difundido un repugnante vídeo en el se contempla la muerte a pedradas de una mujer, acusada de adulterio.

Los casos que van saliendo a la luz -mírese a todos los rincones patrios, incluida la Cataluña de Pujol, sus familiares y sus compañeros de ese viaje a ninguna parte, como no sea a los paraísos fiscales- son resultado del esfuerzo, la profesionalidad y la tenacidad de algunos jueces a los que se les acumulan los asuntos, del esfuerzo policial y, también -es justo decirlo- de la labor de denuncia de los medios de comunicación. Pero nunca de la tarea de limpieza interna de los desprestigiados partidos políticos, de las cúpulas sindicales, empresariales o financieras, como se ha demostrado en el caso de Caja Madrid o de Bankia, cuyos dos últimos máximos dirigentes antes del rescate -Blesa y Rato- han tenido que hacer frente a fianzas elevadas por sus presuntas e indignantes tropelías con las tarjetas 'black' que a fin de cuentas son una insignificancia comparada con el agujero de 23.000 millones de euros que estamos pagando los ciudadanos, la estafa de las preferentes, los desahucios y otras calamidades que no sólo esta Caja, sino muchas otras, han ido cometiendo en décadas de impunidad, mientras sus directivos y consejeros se lucraban con orgiástico desenfreno.

Los jueces, en esta situación obsoleta de las leyes, tienen que andarse con mucho cuidado para poder ejercer una justicia real y de que no acaben siendo ellos los defenestrados, por incumplir alguna norma del procedimiento, como hemos visto en algunos clamorosos casos. Ello implica la lentitud de la Justicia y de que la gente desconfíe de ella, aunque sea el último clavo para agarrarnos antes de caer todos por el sumidero. No sólo, por supuesto, habrá que actualizar las leyes para que no estén pensadas sólo para los 'robagallinas', sino una profunda remodelación de las instituciones fundamentales de un país del que emana un insoportable olor a podrido, como en la Dinamarca de Shakespeare.