EL ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro, anunció ayer que convocará la semana próxima al Consejo de Política Fiscal y Financiera para acordar nuevas medidas de financiación de las comunidades autónomas. Tras rechazar la apertura de negociaciones para un nuevo sistema de financiación autonómica, que el Ejecutivo considera inconveniente pese al mandato legal vigente sobre la cuestión, Rajoy y Montoro han accedido a impulsar medidas parciales que ayuden a aliviar la asfixia de numerosas autonomías sin rebajar el objetivo de déficit público al que están todas comprometidas y que varias es seguro que incumplirán. De hecho, el ministro está decidido a aprobar nuevos planes de ajuste para las cuatro regiones más incumplidoras: Castilla-La Mancha, Cataluña, Murcia y la Comunidad Valenciana. Las mejoras que tiene previstas el ministro Montoro no incluyen la solicitada quita en la deuda autonómica, sino la mutualización de dicha deuda a través de herramientas como su conversión en deuda del Estado, con las condiciones propias del Tesoro, reduciendo su coste financiero. Algunos medios hablan de la posibilidad de eliminar los intereses de los créditos del Fondo de Liquidez Autonómico, que ya fueron reducidos del 6 al 1%, y que una medida semejante se aplicaría al fondo para el pago a proveedores. Se trata de iniciativas de cooperación institucional y sensibilidad ante la grave situación financiera que atraviesan las comunidades autónomas, derivadas al mismo tiempo de los fallos del sistema de financiación que sigue vigente, en situación de prórroga, y de las decisiones políticas de algunos gobernantes autonómicos, remisos a aplicar el máximo rigor al déficit y la deuda que arrastran y renuentes a imponer más medidas de contención de gastos y nuevos recortes ante la perspectiva de las elecciones regionales en mayo en las que aspiran a revalidar el apoyo de los ciudadanos, que ya soportan restricciones considerables desde el inicio de la crisis. Es positivo que el Gobierno haya decidido acudir en parte en ayuda de las comunidades autónomas, que también son Estado, porque una quiebra de cualquiera de ellas afectaría a España misma, y ello independientemente de la actuación en el pasado de sus gobernantes y de sus propios intereses electorales. De todos modos, el impulso de Montoro no debe utilizarse como sucedáneo permanente de la auténtica, aunque difícil, solución de este contencioso: una negociación abierta entre el Estado y las comunidades autónomas que dé a la luz un sistema de financiación con criterios más objetivables en el que no haya comunidades agraviadas ni privilegiadas. Un sistema de concesiones mutuas.