ESTA vez no van a poder achacarle a la juez Mercedes Alaya que interfiere con sus autos y resoluciones el proceso electoral y que siempre manda a la Guardia Civil que haga las redadas cuando más daños pueden hacer a la reputación de los que gobiernan Andalucía (por cierto, ¿por qué tanta detención de personas que normalmente acudirían a declarar como imputadas en cuanto fueran llamadas? ¿Cuándo acabaremos con la pena de telediario?).

Alaya ha esperado pacientemente a que los andaluces votaran para desplegar, dos días después de los comicios, la operación Barrado: dos delegados provinciales de Empleo y 14 ex altos cargos del mismo departamento o entidades anexas detenidos y cinco individuos más imputados. Por presuntos delitos de prevaricación, malversación y fraude de subvenciones. Los delegados fueron destituidos por el Gobierno andaluz con la celeridad que tanto se ha echado en falta en ocasiones anteriores, lo que sugiere que Susana Díaz no se cree eso de que las urnas exoneran la corrupción de los vencedores.

La instrucción de este sumario no destruye la presunción de inocencia de los imputados, que sólo quedará removida o confirmada tras el juicio correspondiente. Lo que sí destruye, por los indicios, documentos y testimonios de los que ya se dispone, es la presunción de normalidad en la actuación de la Administración autonómica en la gestión de los cursos de formación subvencionados.

La responsabilidad penal de cada encartado se verá. La responsabilidad política de la Junta está más que vista: durante muchos años ha habido un descontrol completo sobre la concesión de ayudas para la formación de trabajadores andaluces, parados o no. Las ayudas se han repartido discrecionalmente a empresarios y consorcios públicos sin vigilar si los beneficiarios impartían los cursos en las condiciones legalmente exigidas. Y como suele ocurrir cuando no hay control, las condiciones no se han cumplido en muchos casos, el dinero se ha distribuido de modo ilícito y el maná público se ha derramado sin justificación.

Mejor dicho, con una justificación: crear una red clientelar de estómagos agradecidos, entre compañeros, parientes y amigos, propensos a defender a los donantes para que sigan dando. A la grabación de una de las detenidas el martes, de Jaén, me remito. Todo por la causa.