ESPAÑA es curiosa. El gobierno cumple la ley a rajatabla y se le echa medio mundo encima. La Constitución -tan nombrada como desconocida- ordena que el presupuesto se presente en el Congreso al menos tres meses antes de la expiración del vigente y obliga a prorrogar éste hasta que se apruebe el nuevo, de no estarlo el uno de enero. Así que la tramitación veraniega del presupuesto cumple estrictamente la norma y si el debate se ha producido en plena canícula se debe a la preceptiva convocatoria de elecciones generales una vez agotada la legislatura.

La obligación básica de un gobierno es diseñar el presupuesto y ejecutarlo. Sin embargo, no recuerdo esta algarabía política cuando en 2011 el presidente Zapatero en otro alarde de irresponsabilidad, anunció elecciones para noviembre y renunció a presentar el proyecto de presupuesto incumpliendo su obligación constitucional. Aquella muestra de su estilo de gobierno provocó que hasta junio de 2012 no hubiera presupuesto con la consiguiente ralentización del país.

Por otra parte, la oposición clama unánimemente contra el proyecto presupuestario tachándolo de electoralista y obvia que su rechazo frontal también lo es. Estamos en campaña desde ni se sabe cuándo y por eso, lo que unos creen que les dará votos, otros lo intentan compensar mediante promesas que convenzan e incrementen el número de sus propios votantes. Es claro que el primer presupuesto de una legislatura puede ser tan duro como se precise siempre que el resultado final de la misma convenza a la sociedad del esfuerzo realizado. Y del mismo modo, el último ha de ser el caramelo que endulce el amargo sabor de lo vivido.

La política es el arte de lo posible; en la oposición se sueña un futuro que el insomnio del ejercicio del gobierno sólo permite concretar parcialmente. Y en el fondo, lo único que buscan los partidos es perpetuarse en el poder. Al fin y al cabo, como demostró la Teoría de la elección pública del profesor Buchanan, Premio Nobel de Economía, los burócratas y políticos tienden a maximizar el presupuesto para cumplir sus propios intereses electorales y sólo de modo secundario, buscar el interés social. En definitiva, los gobiernos no siempre persiguen lo mejor para la sociedad. Es más fácil que procuren lo más rentable para sus dirigentes -el poder- siempre que esté en relación con lo más popular para sus ciudadanos. Así que, ¿electoralistas?, todos.