EL continuo goteo de escándalos de corrupción política y sus derivaciones empresariales ha provocado una erosión social similar a la de la tortura que conocida como gota malaya dio nombre a la primera gran redada de políticos y empresarios realizada en Marbella hace más de diez años. El capitalismo español sigue siendo excesivamente áulico y demasiadas fortunas han crecido gracias a su cercanía al poder político. El enorme peso del estado en la economía y las ingentes sumas de dinero público a disposición de los políticos desmotivan a la iniciativa privada pues los contratos públicos no suelen ir a los más profesionales y eficientes.

En la España centralizada, si una empresa despuntaba trasladaba su sede a Madrid. Era una cuestión de estatus y las Comunidades Autónomas no contribuyeron a romper esa inercia sino que la alimentaron. Además, la pérdida de poder político en una región no elimina las redes clientelares; las replica en centros de poder afines.

Los casos de corrupción fruto del clientelismo político y económico son innumerables desde los tiempos del duque de Lerma, creador del pelotazo inmobiliario al trasladar la Corte de Madrid a Valladolid. Cuatro pinceladas: el tráfico de influencias y esclavos de Fernando Muñoz, padrastro de Isabel II; CAMPSA, fundada en el reinado de Alfonso XIII y cuyas siglas se leían así: Como Amasan Millones Primo, Sotelo y Anido que eran el dictador Primo de Rivera y sus ministros de Hacienda y Gobernación; los sobornos del Straperlo, la ruleta fraudulenta que hizo dimitir a Lerroux y dio nombre al mercado negro de posguerra o la quiebra de Sofico, cuyo consejo de administración coincidía en algunos apellidos con el de ministros de Franco. Respecto a los actuales, ¿para qué vamos a enumerarlos si los estamos sufriendo?

En un mercado libre, el equilibrio entre oferta y demanda determina los precios y los agentes económicos compiten libremente y sin trabas. Un mercado transparente permite a los consumidores saber qué productos están disponibles, a qué precio, en qué lugar y bajo qué condiciones y la Administración Pública lo será si su sistema de adjudicación de contratos y sus resoluciones son fácilmente accesibles para el ciudadano. El libre mercado sólo será eficiente si existe transparencia. Pero en un país como el nuestro que inventó el estanco de la sal, el tabaco, los licores o los juegos de naipes, cuyo comercio lo controlaba el gobierno, nunca hemos conocido algo parecido. España no es la arcadia del libre mercado. Por eso resulta incomprensible que desde la izquierda nos alarmen con el neoliberalismo que nos invade cuando la gran mayoría de decisiones políticas de nuestros gobiernos son claramente intervencionistas. Piensen en la mínima competencia de los sectores energéticos; el rescate bancario; la competencia desleal de las empresas públicas, tantas veces subvencionadas; las ingentes concesiones administrativas y contratos públicos que generan las administraciones y sobre todo, el clientelismo y la corrupción que se deriva de todo ese círculo vicioso.

Si la corrupción sólo se percibe como un problema moral, parte de la sociedad es capaz de obviarla a cambio de puestos de trabajo, aunque sean precarios y de un aparente bienestar. Ese pacto con el diablo -es un ladrón, pero es nuestro ladrón- ha permitido a muchos políticos corruptos ganar elecciones desde los juzgados. No hay más que repasar la biografía de algunos de ellos que si no están cumpliendo condena, van a cumplirla en breve. Recuerdan a los viejos caciques buenos de la Restauración decimonónica que como el protagonista de Jarrapellejos, la novela de Felipe Trigo, hasta había construido un teatro en su pueblo. ¿A que les resulta familiar?

Sin embargo, la investigación económica demuestra los inmensos costes económicos de la corrupción. Mucho más si está tan extendida como venimos percibiendo en estos últimos años. Cada euro público derivado hacia redes corruptas nos cuesta muy caro en términos de bienestar social. En un reciente trabajo (Growing like Spain: 1995-2007) los economistas García-Santana, Moral-Benito, Pijoan-Mas y Ramos, demuestran que nuestro PIB creció por encima de la media de la UE pero la productividad cayó un 0,7% anual. Concluyen que donde peor se distribuyeron los factores productivos fue en los sectores dependientes del gobierno lo que representa una prueba evidente de los costes del capitalismo de amiguetes que es como hemos dado en llamar al viejo caciquismo y de las prácticas corruptas generadas en todos los niveles del poder político. Y elevan el precio de la corrupción a 200 mil millones de euros.

El análisis certifica lo que pensábamos la mayoría de los españoles. Si el gobierno protege a algunas empresas de la competencia, los ganadores de los concursos se deciden al redactar el pliego y los puestos de decisión quedan en manos de los más fieles y no de los mejores, las empresas ineficientes pero corruptas absorberán el capital y el trabajo disponible, a costa de las que deciden cumplir la ley. No lo sabíamos pero lo intuíamos, seríamos más ricos si los diversos gobiernos respetaran la ley y primara el mérito sobre el amiguismo.