Emoción contenida, tan solo rota por las lágrimas, fue lo que se vivió en la residencia Santa Amelia de Motril cuando los últimos ancianos tuvieron que abandonar el que hasta ayer mismo fue su hogar. Los empleados no podían disimular la tristeza ante la marcha de personas que no saben si volverán a ver otra vez y con las que se habían encariñado a través del trato diario. Una pena añadida a la incertidumbre de los 17 empleados que, de momento, vuelven a las listas del paro. Mientras, detrás de cada uno de los 31 mayores que han sido desalojado en las últimas tres semanas, hay un drama personal.

Amadora fue una de las últimas en marcharse ayer. Con una lucidez mental envidiable, más aún a sus 98 años, explicaba a Granada Hoy cómo ha vivido lo que para ella está suponiendo un mal trago: "Ahora tengo que marcharme muy lejos, a Pedro Martínez, que no sé ni dónde está, ayer me decían que a Málaga y, claro, cómo va a ser lo mismo que tener a mi hija que vivía aquí al lado y a la que veía a cada instante, y a mis nietos…"

En Motril se da la circunstancia de que no hay plazas vacantes concertadas. Por ello, han tenido que desplazarse la mayoría, como mínimo, a 60 kilómetros o, como en este caso, a 135. "No podremos ir nada más que una vez a la semana a verla", dice su hija Aurelia con la voz entrecortada a punto de salir el taxi con su madre dentro por la puerta.

El centro, de la Fundación Docete Omnes (perteneciente al Arzobispado de Granada), avisó a los familiares a primeros de mes para que en un plazo de tres semanas buscaran otro lugar donde residir, porque iban a realizar obras durante 21 meses. Por dicha premura, los afectados se encuentran molestos, ya que han tenido que buscar nuevas residencias donde alojar a sus mayores y correr hasta con los gastos del transporte de los ancianos. En algunos casos, taxis adaptados que han hecho estos días desde allí trayectos muy largos y costosos.

La Junta ha hecho lo que ha podido en este tiempo. Así, según explicaron fuentes de la Delegación de Igualdad han pasado a depender un total de diez mayores del Ejecutivo autonómico, ocupando una plaza concertada en otras residencias a través de la Ley de Dependencia.

Las mismas fuentes explicaron que la única vinculación de este centro privado con la Junta es la inspección de sus instalaciones y que llevaba años solicitando a la entidad que se adecuara a la nueva normativa sobre habitabilidad. Por ello, en 2011 la firma pidió al Ayuntamiento de Motril solicitud de licencias de obras, que fue concedida por el Consistorio.

De hecho, a los familiares les ha sorprendido la decisión de ahora del cierre, puesto que "llevan años de obras", por lo que creen que los motivos están más relacionados con la rentabilidad.

Desde la Junta también dejan claro que esta administración "no ha instado al cierre" y que no se ha notificado a la misma su clausura de forma oficial, aunque sí oficiosa (por email). Al tener conocimiento de esa situación, la Delegación actuó de urgencia con las personas que se encontraban en ese momento en la residencia y que tenían solicitada la valoración, para determinar si tenían cabida en alguno de los centros con plazas concertadas.