Portugal remitió ayer a las autoridades comunitarias su carta de alegaciones para intentar reducir lo máximo posible la multa que prepara Bruselas por la falta de "medidas eficaces" para controlar el exceso de déficit. Los ministros de Economía y Finanzas de la Unión Europea certificaron el pasado 12 de julio la inacción de Portugal y de España para cumplir con sus compromisos de reducción de déficit, lo que activó el expediente sancionador y dio un plazo de 20 días a la Comisión Europea para cuantificar la sanción que se les debe imponer.

Tras la lectura que se hizo de sus alegaciones, el Gobierno portugués aseguró ayer que la carta que enviada a Bruselas sobre el incumplimiento del déficit fue malinterpretada y descartó nuevas medidas de austeridad en el 2017. "No tenemos compromisos para medidas adicionales de austeridad ni para el 2016 ni para el 2017", aclaró hoy el ministerio de Finanzas, en un comunicado.

El Gobierno lamentó que se malinterpretase uno de los párrafos que mandaron a Bruselas para alegar que Portugal no merece ser sancionado por incumplir con los ajustes de déficit entre el 2013 y el 2015.

De la parte en cuestión, redactada originalmente en inglés, no se puede inferir que se tomarán medidas de ajuste para contener el déficit en menos del 3 % del PIB, según el Gobierno.

"El proceso para el Presupuesto de 2017 ya fue iniciado. Está diseñado para alcanzar la meta presupuestaria compatible con las recomendaciones para Portugal, con un ajuste estructural del 0,6 % del PIB. Seguirá las líneas generales del programa de estabilidad, un esfuerzo conjunto de gastos e ingresos", recoge el polémico párrafo. Para Lisboa, "de esta frase no resulta ningún cambio respecto a los compromisos ya anteriormente asumidos en el Programa de Estabilidad presentado por el Gobierno el pasado abril".

El actual Ejecutivo, de signo socialista, gobierna en minoría Portugal gracias a un acuerdo parlamentario con el Bloque de Izquierda (aliado en la UE a Podemos) y el Partido Comunista de Portugal (PCP). Con nuevas medidas de austeridad en el 2017, difícilmente se sostendría ese Gobierno, que, de momento, se ha dedicado a revertir algunos de los cortes aplicados durante el rescate financiero (2011-2014), como en el sector de las pensiones y del funcionariado.

Por su parte, Bank of America (BofA) Merrill Lynch se muestra "escéptico" respecto al éxito de las medidas anunciadas por el Gobierno en funciones para controlar el déficit en 2016 y 2017, ya que se trata de propuestas que se limitan a estos años y no tienen un carácter estructural.

En concreto, el Ejecutivo propuso a Bruselas en sus alegaciones, elevar la recaudación en el Impuesto de Sociedades en 6.000 millones de euros, a repartir entre 2016 y 2017, así como adelantar a este mes de julio el cierre de los Presupuestos de este año, que podría ahorrar otros 1.000 millones de euros. A pesar de que se trata de cifras importantes, Merril Lynch indica, en su último Weekly View, que no ve muy claras estas medidas ya que, por un lado, necesitan el acuerdo de otros partidos políticos en el nuevo Parlamento sin mayoría absoluta del PP y, en segundo lugar, y "todavía más importante", que se trata de medidas que se circunscriben a estos dos ejercicios y no estructurales.