El Gobierno tendrá que poner en marcha nuevas medidas centradas en el gasto para compensar el posible desvío de las comunidades autónomas en el cumplimiento de los objetivos de déficit y garantizar así la reducción del saldo negativo de las cuentas públicas al 6% en 2011, tal y como se comprometió con Bruselas, según diversos expertos consultados por Europa Press.

Las comunidades cerraron el primer trimestre del año con un déficit de 4.995,31 millones, el 0,46%, como resultado de unos ingresos que se situaron en 29.535,73 millones, un 2% menos, y unos gastos de 34.531,04 millones, un 5,4% más.

El director de Sector Público de Intermoney, César Miralles, cree que con estas cifras y con los presupuestos que han planteado las comunidades, el objetivo del 1,3% es de "difícil cumplimiento", ya que en el primer trimestre no se ha observado ningún "freno" en el incremento del gasto. Además, apunta a otros factores que generan "mucha incertidumbre", como la posibilidad de que afloren déficit ocultos tras la formación de nuevos gobiernos y unas previsiones de ingresos y PIB que parecen "muy optimistas".

En este contexto, Miralles asegura que el Gobierno tendrá que coordinar nuevos recortes en las comunidades, sobre todo en aquéllas que incumplen "claramente" los objetivos, aunque también puede tomar medidas a nivel estatal que afecten a todos los territorios, como una nueva bajada de sueldos a los funcionarios. A su parecer, son "necesarias" medidas "serias" para recortar el gasto porque no es "deseable" aumentar la presión fiscal y hay que reducir "sí o sí" el déficit público para evitar una situación "complicadísima" y una turbulencia similar a la de Portugal o Grecia.

En esta línea se muestra Juan Rubio desde Fedea, convencido de que pasará "algo" estos meses porque es necesario reducir el déficit público para evitar un "coste altísimo" para el Estado. Espera alguna medida con carácter retroactivo porque el país está ya "fuera de tiempo" y coincide con Miralles en que una nueva rebaja del sueldo de los funcionarios sería una de las posibilidades para obligar a las comunidades a recortar el gasto. Rubio, además, no descarta nuevas subidas de impuestos porque España tiene una presión fiscal muy baja.

Por su parte, el director del Servicio de Estudios del Instituto de Estudios Económicos (IEE), Gregorio Izquierdo, ve un riesgo de desviación "importante" en las comunidades, lo que supone un "contratiempo y una señal muy negativa para los mercados" y obligará a los gobiernos autonómicos a ser "muy austeros y comprometidos". Además, la administración central tendrá que ser "muy cautelosa" porque es posible que tenga que compensar aquella desviación con nuevas medidas que tendrán que ligarse a la vía del gasto y "bajo ninguna circunstancia" a subidas fiscales que retrasarían la recuperación.

En este contexto, el ministro de Trabajo, Valeriano Gómez, afirmó ayer en una entrevista en El País que no seguirá las recomendaciones de Bruselas para atajar la crisis. En concreto, dijo que no habrá una rebaja de las cotizaciones sociales, ya que hay retos más inmediatos de protección social, demográficos y un déficit importante.