EL mundo de la economía y de las finanzas internacionales, está expectante acerca de las medidas de política económica que el nuevo Gobierno argentino de Javier Milei va a desplegar para frenar el deterioro de sus finanzas. El Banco Central se encuentra sin reservas de dólares para pagar importaciones y permitir el normal funcionamiento del aparato productivo.

La primera medida de choque ha sido la devaluación del peso en un 51%, lo que va a provocar un encarecimiento y una reducción sustancial de las importaciones y del consumo de las familias. La inflación, actualmente en el 143%, va a reducirse paulatinamente, aunque tardará todavía en situarse a niveles moderados. Otras medidas, como la cancelación de contratos públicos o la reducción de transferencias a las provincias, contribuirán también a la mejora de las finanzas públicas.

Es habitual que los analistas y medios de comunicación pongan el acento en las medidas señaladas para valorar la calidad y pertinencia de la nueva política económica. Sin embargo, esas medidas, siendo necesarias, no son ni de lejos, las que en mayor medida contribuyen a la mejora estructural de la economía y a su capacidad competitiva.

Para que una economía crezca y genere empleo es necesario que muchas pequeñas instituciones funcionen, especialmente aquellas que definen el marco regulatorio en donde se desenvuelve la actividad económica.

El Registro Mercantil debe ser transparente y la burocracia mínima, de manera que los empresarios puedan operar en el mercado rápidamente. El derecho de propiedad tiene que estar protegido y el sistema de impuestos debe ser eficiente y no expropiatorio.

Que los procedimientos legales se cumplan resulta esencial para combatir la corrupción. Es imposible erradicarla completamente, pero si lo es reducirla a un coste cada vez menor. En caso de que la corrupción campe a sus anchas, el daño que se inflige a la economía es terrible. En primer lugar, por el propio coste que se asume por corromper a los funcionarios. Pero, además, muchos recursos –personas, tiempo, dinero– se detraen de la economía legal para dedicarlos a fines distintos de las actividades productivas. El resultado de todo esto es una economía que crece menos y genera menos empleo, por dedicar recursos a actividades ilegales. Los empresarios y empleados pierden interés en formarse, educarse y trabajar duro. Resulta más rentable engañar y no cumplir la ley que actuar legalmente. Los bajos salarios en el sector público y débiles mecanismos de control contribuyen notablemente a la persistencia de la corrupción.

La apertura de la economía al resto del mundo contribuye a la reducción de la corrupción, frente a economías proteccionistas en las que se exigen permisos para importar productos que suelen ir asociados a pagos ilegales para poder importarlos.

Contar con gobiernos que estimulan la innovación resulta esencial para el crecimiento a largo plazo. No se trata solo del I+D+i, sino de un tratamiento mercantil y fiscal que facilite la actividad a las startups que van surgiendo en la economía.

La digitalización esta contribuyendo a la mejora de la competitividad. No obstante, para constatar que mejora la productividad y la eficiencia hay que conocer si la tecnología contribuye efectivamente a mejorar los procedimientos. Vemos muchos ordenadores en todos sitios, pero muchos de ellos no contribuyen a mejoras competitivas por la incercia del pasado en el tratamiento de documentación legal referidas a permisos, autorizaciones,etcétera.

El anterior Gobierno argentino consiguió algunos avances en todo el entramado legal –las instituciones– que regulan las relaciones de las empresas con las administraciones. En primer lugar, la introducción de plataformas electrónicas para realizar todos los trámites en el sector de la construcción. En segundo lugar, certificados digitales para los permisos de importación. Y en tercer lugar la implementación del pago electrónico de costas legales, para facilitar el cumplimiento de contratos.

A pesar de estas y otras reformas, Argentina se encuentra entre los peores países del mundo en cuanto a calidad de las instituciones para llevar a cabo actividades productivas. En el informe Doing Business que elabora el Banco Mundial ocupa la posición 126 entre los 160 países analizados, lo que ofrece una idea de la inmensa tarea que el Gobierno tiene por delante para acercarse a la media de los países de la OCDE.

Adicionalmente, la propia estructura productiva de Argentina representa un obstáculo para el desarrollo. Apenas existen países en el mundo cuya capacidad de crecimiento esté basado en los recursos naturales. Ni la agricultura ni la minería sostienen a largo plazo un crecimiento económico sólido y estable. Un país no es rico porque tenga campos que cultivar y minas que explotar. Esto es un mito. Son los restantes sectores –singularmente, industria y servicios avanzados exportables– los que explican la generación de riqueza cada año. Por mucho que impresione la inmensidad de la Pampa, el sector agrario en Argentina apenas representa el 6,5% del PIB, más del doble que los países desarrollados de la OCDE.

El nuevo Gobierno de Milei tiene por delante una enorme tarea. Las medidas inmediatas van a provocar una fuerte reacción en las calles y, si tienen éxito, logrará el imprescindible ajuste macroeconómico. Pero esto será sólo el principio. La Historia nos enseña que reformas de calado tan profundo sólo se consiguen a través de revoluciones o guerras. Se enfrenta a la difícil tarea de acometer una profunda reforma institucional evitando las políticas populistas del peronismo.