La Audiencia frena a Garzón

  • Acepta la petición de paralizar las exhumaciones hasta decidir si el juez puede ordenar el desentierro de los desaparecidos en la Guerra Civil y el franquismo · "No son urgentes ni necesarias", arguye

La Fiscalía se apuntó ayer un tanto en su enfrentamiento con el juez Baltasar Garzón al conseguir que la Audiencia Nacional paralice la exhumación de los restos de los desaparecidos en la Guerra Civil y el franquismo hasta que decida si el magistrado es o no competente para investigar los hechos.

La decisión de la Sala de lo Penal -que según fuentes jurídicas consultadas en el tribunal viene a anticipar la que se tomará sobre la competencia- no fue unánime, ya que cinco de los 15 magistrados presentes en el debate se mostraron a favor de rechazar la petición del fiscal y emitieron un voto particular en el que sostienen que "las investigaciones penales ya en marcha no se pueden detener".

Tras deliberar dos horas, la sala decidió exigir a Garzón que paralice "todas las actuaciones acordadas en el sumario 53/08 -abierto tras admitir a trámite las denuncias de las asociaciones para la recuperación de la Memoria Histórica- a excepción de las que, de no emprenderse ya, causen un perjuicio irreparable e irreversible al fin de la investigación".

Por si el juez entendiera que la apertura de fosas es imprescindible en este momento, el tribunal añade: "En particular, requerirle para que se paralicen las actividades tendentes a la exhumación de cadáveres en tanto no se resuelva la cuestión de incompetencia planteada por la Fiscalía".

El tribunal basó su acuerdo en el "estricto cumplimiento" del párrafo segundo del artículo 22 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que establece que "mientras no recaiga decisión (sobre la competencia), cada uno de los jueces instructores seguirá practicando las diligencias necesarias para comprobar el delito y aquellas otras que considere de reconocida urgencia".

Además, la Sala decidió estimar la petición de la Fiscalía sin consultar al resto de las partes personadas en la causa -las asociaciones denunciantes-. En definitiva, el tribunal considerado que las exhumaciones "no son ni urgentes ni necesarias", según fuentes jurídicas, que añadieron que se ha actuado así porque si finalmente se decide que Garzón no es competente para investigar los hechos todas las actuaciones practicadas serían nulas.

En su petición, la Fiscalía había alegado que las diligencias ordenadas por Garzón podían causar "perjuicios irreversibles de difícil reparación" si la Audiencia Nacional decide que no es competente. Aunque Garzón, en el auto del pasado 16 de octubre en el que asumió la competencia, ya autorizó la apertura de 19 fosas, el Ministerio Público sólo ha pedido la paralización de las exhumaciones después de que otro juez, Santiago Pedraz, permitiera el jueves su práctica en otros seis lugares.

Aparte de en un columbario de la basílica del Valle de los Caídos (Madrid), Pedraz autorizó exhumaciones en Villanueva de la Vera (Cáceres), el cementerio general de Valencia, los cementerios mallorquines de Porreres y Calviá y el de Aguilar de la Frontera (Córdoba). Antes, Garzón había ordenado la apertura de fosas en Córdoba, Toledo (Parrillas), Burgos (Adrada de Haza, Valdenoceda y San Juan del Monte); León (La Robla, Ponferrada, Balboa, Dehesas, Camponaraya, Magaz de Abajo, Tejedo del Sil y Carucedo), Huelva (La Palma del Condado, Bonares y Niebla) Fuerte San Cristóbal (Navarra) y La Serna (Madrid).

El magistrado también había dado autorización para abrir la fosa situada entre Víznar y Alfacar, en Granada, en la que se supone que están los restos del poeta Federico García Lorca.

Por otra parte, el Tribunal Supremo archivó una denuncia por un delito de prevaricación interpuesta contra Garzón por el sindicato de funcionarios Manos Limpias, que cuestiona la competencia del juez para investigar estos hechos. El Alto Tribunal, en un auto en el que no entra en el fondo del asunto, no admite a trámite la denuncia debido a que quien la interpuso, el secretario general de Manos Limpias y ex dirigente del partido de extrema derecha Fuerza Nueva, Miguel Bernard, no se ha personado en el proceso como querellante.

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