De Cospedal tira piedras a su tejado

HACE poco más de una semana, España se indignó con la senadora y ministra de Sanidad de la ciudad-estado de Hamburgo, Cornelia Prüfer-Storcks, porque señaló a los pepinos andaluces como el origen de la mortal bacteria del E.coli sin pruebas fehacientes. Los daños causados al sector hortofrutícola español por la imprudencia de la susodicha, que formuló una acusación falsa, y por la negligencia de la propia Comisión Europea (CE), que colgó a la hortaliza patria en la red de alertas sin ningún aval científico, son incalculables. Evidentemente, los 150 millones de euros que ofreció ayer la UE son insuficientes para paliar el estropicio.

Salvando las distancias, en plena traspaso de poderes en media España, el PP ha sembrado serias dudas sobre las cuentas públicas de Castilla-La Mancha y de otras autonomías gobernadas hasta el 22-M por el PSOE. Sin olvidar -y empleando para ello el lenguaje cauto del secretario general del PP andaluz, Antonio Sanz-, las supuestas denuncias de la presunta "quema" de presuntos documentos en presuntos ayuntamientos con supuestos alcaldes socialistas en funciones que, de forma genérica, lanzó tres días después de los comicios el diputado popular Rafael Merino en el Congreso.

En una estrategia preparada antes de las elecciones y, por supuesto, antes de contar con los datos de alguna auditoría, la secretaria general de los populares y presidente electa de Castilla-La Mancha, María Dolores de Cospedal, lanzó a sus huestes a denunciar públicamente que su comunidad estaba en quiebra, que la deuda con los proveedores era astronómica y que peligraban hasta las nóminas de los funcionarios.

Gracias a su campaña de desprestigio, movida más por el revanchismo que por el sentido común, la autonomía que tiene que gobernar durante los próximos cuatro años parte de la parrilla de salida con el cartel de la Grecia de España.

Pero lo peor de todo es que De Cospedal, con Rajoy de perfil, ha tirado piedras contra su propio tejado doblemente: también ha alimentado las dudas que los mercados y nuestros acreedores tienen sobre el endeudamiento de las autonomías. Y eso lo pagamos todos los españoles en la sangrante minuta de la deuda soberana. Y lo ha hecho en base al informe Una estructura territorial insostenible de Lorenzo Bernaldo de Quirós, un supuesto economista de Freemarket Corporate Intelligence, muy cercano a FAES, que, poco días antes del 22-M, llegó a las redacciones de destacados periódicos económicos internacionales alumbrando un agujero autonómico de 26.400 millones de euros.

La diferencia entre estos dos casos es que a la señora Prüfer-Storcks siempre podremos pedirle daños y perjuicios.

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