La Fiscalía ha pedido este jueves al juzgado que investigue las torturas de la policía franquista a un sindicalista en la comisaría de la Via Laietana de Barcelona, invocando por primera vez la nueva Ley de Memoria Histórica, que abre la puerta a indagar crímenes de la dictadura que la Ley de Amnistía impedía perseguir.

En su informe, presentado ante el juzgado de instrucción número 18 de Barcelona, el Ministerio Público apoya la admisión a trámite de la querella por torturas que un sindicalista presentó contra seis policías franquistas por torturarlo en la comisaría central de Barcelona.

Esta es la primera vez en España que la Fiscalía se pronuncia a favor de investigar los crímenes de lesa humanidad y torturas durante el franquismo desde que se aprobó la Ley de Memoria Histórica, que según mantiene el Ministerio Público permite investigar ese tipo de delitos por la vía penal.

Nueva ley

En su informe, la Fiscalía recuerda que la nueva ley "impone al Estado, desde el ámbito de la justicia, el deber de investigar las violaciones del derecho internacional de los derechos humanos y el derecho internacional humanitario, ocurridas durante la Guerra Civil y la dictadura franquista". Por ese motivo, el Ministerio Público considera que es necesario investigar los hechos y "su contexto", antes de adoptar una decisión sobre la continuación del procedimiento, al tiempo que insiste en que su obligación no es solo garantizar el derecho a la justicia sino a la "verdad y reparación de las víctimas".

En concreto, el dictamen del Ministerio Público invoca el artículo 29 de la Ley de Memoria Histórica, que establece que el Estado "garantizará el derecho a la investigación de las violaciones de los derechos humanos y el derecho internacional humanitario ocurridas con ocasión de la guerra y la dictadura, así como el período que va desde la muerte del dictador hasta la entrada en vigor de la Constitución Española".

La Ley obliga también a nombrar un fiscal de sala para la investigación de las violaciones de derechos humanos ocurridas "con ocasión del golpe de Estado, la guerra y la dictadura", cargo que desde el pasado 13 de junio ostenta la ex ministra de Justicia Dolores Delgado.

La querella que ha motivado el informe de Fiscalía la presentó Carlos Vallejo, un sindicalista detenido a principios de los setenta que fue víctima de torturas en la Jefatura de Via Laietana por su actividad política y sindical.

Otra investigación

En junio, la fiscal del juzgado de instrucción número 18 de Barcelona, en el que recayó la querella, presentó un informe en el que, sin hacer alusión alguna a la Ley de Memoria Histórica, se oponía a la admisión a trámite de la denuncia con el argumento de que los delitos habrían prescrito y que la Ley de Amnistía impide investigarlos. No obstante, la decisión fue revisada por Dolores Delgado, que de acuerdo con la Fiscalía de Barcelona ha apostado ahora por pedir a la jueza instructora que abra una investigación por las torturas en Via Laietana.

No sería la primera investigación sobre violaciones de derechos humanos en el franquismo: un juzgado de instrucción de Madrid admitió a trámite la querella de un hombre que fue torturado en la Dirección General de Seguridad en 1975, en una causa en la que ya se ha tomado declaración a la víctima. La Fiscalía todavía no se ha pronunciado sobre este caso, aunque a la declaración de la víctima acudió una fiscal del área de Memoria Democrática.

En declaraciones a EFE, la fiscal jefa de Barcelona, Neus Pujal, sostiene que con esta iniciativa el ministerio público está "abriendo camino" y que el objetivo es "dar reparación a las víctimas, ponerlas en el centro, porque necesitan reparación y tiene que ser a través de los tribunales". Pujal reconoce que se trata de una cuestión "polémica", en la que "hay muchas interpretaciones y muchos dictámenes y mucha gente opina", por lo que "no es fácil" investigar los crímenes del franquismo y la guerra civil que hasta ahora la Ley de Amnistía impedía perseguir. No obstante, aclara que el objetivo de la Fiscalía es "llegar al final del procedimiento" y que los autores de los delitos comparezcan ante la justicia, si están identificados, como es el caso de la querella de Barcelona.