El 'Govern' fía el 1-0 a observadores internacionales al disolver la Sindicatura

La Sindicatura Electoral de Cataluña -creada por el Parlament para ejercer de junta electoral para el referéndum- fue disuelta ayer a petición del Govern. Está previsto que ceda ahora sus funciones a entes públicos, académicos y observadores internacionales del 1-O. La decisión llegó después de que el Tribunal Constitucional (TC) fijara el pasado jueves multas diarias de 12.000 euros para cada uno de los cinco miembros de la Sindicatura y de 6.000 para cada síndico territorial si no desistían de organizar la consulta.

La finalidad de estas multas no es sancionar, sino obligar a que se cumpla la resolución del TC, por lo que sólo se empiezan a imponer si se persiste en el incumplimiento a partir del día siguiente de que el BOE publique la resolución -se publicó ayer mismo -.

La resolución les exige revocar todas las resoluciones y acuerdos que hayan adoptado, comunicar esa revocación a sus destinatarios y que los síndicos renuncien a sus cargos. La Sindicatura Electoral está compuesta por los juristas Marc Marsal, Marta Alsina y Josep Pagès, y los politólogos Jordi Matas y Tània Verge; y además hay síndicos territoriales.

La decisión llegó horas después de que el Govern acordara en una reunión extraordinaria del Consejo Ejecutivo destituir a Josep Maria Jové, mano derecha de Oriol Junqueras en la Conselleria de Economía y uno de los detenidos por orden del juez por su participación en la organización del referéndum ilegal. No obstante, el cese o renuncia no implica la suspensión de forma automática de las multas; antes, los magistrados valorarán en cada caso concreto si estas personas han dado cumplimiento o no a sus resoluciones.

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